La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estudiará en una vista este lunes los recursos de apelación del exjefe de los Mossos d’Esquadra Josep Lluis Trapero, los exjefes políticos del cuerpo policial César Puig y Pere Soler y la intendente Teresa Laplana, contra su procesamiento en la causa en la que se investigan los incidentes ocurridos el 20 y 21 de septiembre frente a la Consejería de Economía en Barcelona y la jornada del referéndum independentista del 1 de octubre.
Según informan fuentes jurídicas, la Sala ha fijado la celebración de las vistas a partir de las 10.00 horas de ese lunes para estudiar los recursos de apelación que los procesados presentaron después de que la magistrada que ha instruido la causa, Carmen Lamela, desestimara los recursos de reforma interpuestos contra el auto de procesamiento del pasado 4 de abril.
En su escrito dirigido a la Audiencia Nacional, Trapero rechazó haber puesto al cuerpo policial catalán al servicio del proceso independentista y negó cualquier connivencia con el plan soberanista.
Sin embargo, la magistrada no dio por válidos sus argumentos y confirmó el procesamiento negando que las acusaciones que recaen sobre él y los otros investigados se basen en «meras conjeturas».
Al contrario, la juez expuso en su auto que las 21 diligencias practicadas desde que arrancó la investigación a finales de septiembre demuestran que existen indicios racionales de criminalidad.
Trapero está procesado por dos delitos de sedición y uno de organización criminal por los hechos ocurridos el 20 y 21 de septiembre frente a la Consejería de Economía en Barcelona y la jornada del referéndum independentista del 1 de octubre; Puig y Soler por organización criminal y un único delito de sedición, por el 1 de octubre, mientras que a Laplana la juez le atribuye un solo delito sedición en relación con los incidentes del 20 y 21 de septiembre.
ESTRATEGIA A FAVOR DEL REFERÉNDUM
Tras las pesquisas realizadas, la juez Lamela concluyó que Trapero y los exjefes políticos de los Mossos integraban una organización jerarquizada «bajo una dirección común en cuya cúspide se encontraba el president de la Generalitat de Cataluña», con carácter estable desde hace ya más de dos años, con asignación de tareas, que fue lo que «en suma permitió la celebración del referéndum ilegal y la ulterior declaración de independencia aprobada por el Parlament el 27 de octubre».
La juez describió en su auto de procesamiento el reparto de papeles entre autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles para llevar a cabo la secesión, en el marco de una estrategia premeditada y perfectamente coordinada. Con arreglo a ese plan común, Lamela se centra en la «utilización ilegal» de los Mossos «al servicio de los intereses secesionistas».
En lo que respecta a los incidentes ocurridos los días 20 y 21 de septiembre, Lamela apuntó que la actuación de los Mossos fue la de omitir con incumplimiento de sus obligaciones legales de actuar, mientras que en lo relativo al referéndum apuntó que la actuación de los procesados no solo se limitó a no cumplir con la actuación judicial sino que fue más allá «propiciando que sus planes de actuación fueran conocidos de antemano por los ocupantes de los colegios, facilitando de esta manera que éstos pudieran preparar los escenarios que llevarían a los Mossos a no actuar». EP.
