Los más de 300 abogados malagueños que integran el Turno de Oficio especial para ofrecer asistencia jurídica gratuita a los migrantes que llegan a España por las costas del Sur, conocen bien los problemas diarios más importantes que se plantean a la hora de realizar esta atención.
Así se lo trasladaron al Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, que visitó el Colegio de Abogados de Málaga y mantuvo un encuentro con el decano, Francisco Javier Lara, miembros de la Junta de Gobierno y el equipo del turno de oficio que coordina esta asistencia.
No se designa procurador
Uno de los principales problemas que se encuentran los abogados en la asistencia a estas personas que llegan por vía marítima, según señala el Colegio, hace referencia a la representación de cara al recurso contencioso-administrativo. En muchas ocasiones se está negando la designación de un procurador, de modo que, cuando los extranjeros no se presentan para firmar en los juzgados, los procedimientos se archivan.
Este punto se incluyó en el recurso contencioso-administrativo que presentó esta institución el pasado abril contra la Orden de 13 de febrero de 2018 de la Junta de Andalucía, por la que se aprueban los módulos y bases de compensación económica de los servicios de asistencia jurídica gratuita prestados en el turno de oficio por los profesionales de la abogacía en la comunidad autónoma.
Además, le explicaron al Defensor que la lectura de derechos debe realizarse en presencia del abogado, con la firma de los dos y las notificaciones también deben hacerse ante su letrado. Actualmente, el traslado de las resoluciones a los abogados se está efectuando con mucho retraso, incluso de hasta quince días, con lo que se reducen los plazos para la interposición de los recursos de alzada, ya que dicho plazo comienza desde la notificación al interesado.
Coordinación con las ONG
Como apuntó la corporación malagueña, es esencial que mejore la coordinación con las ONG porque «los letrados necesitan saber dónde se encuentra el migrante» a la hora de recurrir una orden de devolución cuando ha solicitado protección internacional para verificar si finalmente llegó a formalizarla.
Esa coordinación también es necesaria para el acompañamiento a los juzgados de cara a otorgar el apoderamiento ‘apud acta’ en los procedimientos contencioso-administrativos, precisaron, teniendo en cuenta, además, que «algunas ONG no están facilitando la información, amparadas en la ley de protección de datos».
Traductores y espacios de atención
Para asistir a los migrantes en comisaría, los abogados necesitan contar con más traductores. El tiempo para la entrevista individual es, además, muy limitado y la asistencia se ralentiza mucho, especialmente en llegadas superiores a cien personas.
Por eso consideran conveniente que los abogados se pudieran entrevistar con estas personas en los pabellones a los que son trasladados o en el polideportivo de la propia comisaría, mientras la Policía prepara los expedientes administrativos.
Sin embargo, no existen lugares adecuados para prestar las asistencias, con capacidad suficiente y las instalaciones mínimas exigibles desde el punto de vista médico, alimentario y jurídico.
En este punto, el Colegio está trabajando con la Subdelegación del Gobierno, la Autoridad Portuaria y las ONG para buscar una solución estable.
Protocolo de MENAs
En cuanto a la problemática especial de los menores, dieron traslado al Defensor del Pueblo de la necesidad de que se de al letrado copia completa de todo el expediente administrativo, con acceso a las pruebas médicas que se practiquen a los presuntos menores, que se les dé traslado del decreto del ministerio público y que se cumpla el protocolo de MENAs en cuanto a la determinación de la edad. Además, debe haber un nombramiento de representante jurídico de los que sean declarados menores.
