La Asociación de Diplomáticos españoles (ADE), que representa a más del 75 por ciento de la Carrera Diplomática española, ha expresado este martes su «disconformidad» con el nombramiento de tres destacados socialistas -dos de ellos miembros de la Ejecutiva Federal- como embajadores en Andorra y ante la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Se trata del alcalde de Lleida, Ángel Ros, presidente del PSC-PSOE, que será embajador en el Principado de Andorra; Juan Andrés Perelló Rodriguez, hasta ahora secretario del Área de Justicia y Nuevos Derechos de la Ejecutiva Federal del PSOE, se convertirá delegado representante permanente de España en la UNESCO y Manuel Escudero, secretario del Área de Política Económica y Empleo de esa misma Ejecutiva, asumirá el cargo de representante de España ante la OCDE.
ADE confía en que estos nombramientos «sean verdaderamente casos muy aislados».
En un comunicado difundido en su cuenta de Twitter, la asociación subraya que, independientemente del partido que gobierne, la discrecionalidad del Consejo de Ministros para nombrar embajadores «no puede ni debe convertirse en arbitrariedad», ni basarse en «criterios partidistas» o «servir para garantizar una ‘salida institucional’ a personas a quienes se quiera beneficiar», en detrimento de los diplomáticos.
Su principal argumento es que «ser Embajador de España no se improvisa ni se aprende en unos pocos años», sino con el desarrollo de una carrera profesional «que se inicia al superar unas exigentes oposiciones» y se consigue con «muchos años de trabajo».
LOS DIPLOMÁTICOS CUMPLEN REQUISITOS, LOS POLÍTICOS NO
De hecho, apunta que el nuevo reglamento de la carrera diplomática que se está negociando -el anterior lo anuló el Tribunal Supremo por falta de negociación- obliga a acreditar una «brillante y dilatada trayectoria» para que un diplomático pueda ser nombrado embajador.
Para esta asociación de diplomáticos, no se entiende «que un funcionario tenga que haber cumplido 20 años de ejercicio de su profesión y haber ocupado una serie de puestos de responsabilidad diplomática para aspirar a ser embajador, y quien es nombrado por razones partidistas, ninguno».
Por eso, defiende que los nombramientos de embajadores ‘políticos’ deben «limitarse al máximo y solo aplicarse muy excepcionalmente en los casos en que un determinado nombramiento favorezca de modo indiscutible el interés de España».
De hecho, recuerda que el propio ministro de Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, ha dejado clara su «voluntad de profundizar en la profesionalización de la carrera diplomática» y «a la necesidad de que las Embajadas sean atribuidas según criterios de estricto mérito y capacidad entre diplomáticos de carrera, salvo casos muy excepcionales».
«Esperamos que estas reflexiones coadyuven a una óptima toma de decisiones en beneficio de los intereses de España en el ámbito de nuestra política exterior», concluye el comunicado. EP.
