El Ministerio de Justicia «está procesando los datos para la realización del listado» de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica y «se prevé que, una vez finalizado, se publiquen de forma que se garantice el cumplimiento de la Ley Hipotecaria y la Ley Orgánica de Protección de datos».
Así lo ha asegurado el Gobierno contestando a la pregunta escrita del diputado del PSOE Antonio Hurtado, quien considera que ese lista «va a ser un punto de partida muy importante» para que se puedan iniciar las reclamaciones por parte de particulares e instituciones. «Se han inmatriculado bienes de dominio público que pertenecen a la colectividad y son de uso y servicio público», ha apuntado en declaraciones a Europa Press.
Una reforma de la Ley Hipotecaria aprobada en 1988 por parte del Gobierno de José María Aznar otorgaba la potestad a la Iglesia Católica de acreditar la propiedad de templos o lugares de culto.
Según Hurtado, esta modificación ha permitido a la Iglesia inmatricular bienes de dominio público «sin necesidad de acreditar su propiedad» ya que «se le ha dado un perfil de institución publica a una institución privada que es la Iglesia».
Renuncia voluntaria
Ante este escenario, el diputado ha apuntado hacia la posibilidad de que la Iglesia «reconsidere el uso que ha hecho de ese cambio normativo» y «de forma voluntaria renuncie» a estos bienes. Según ha explicado, esta es la alternativa a la vía judicial que, según ha vaticinado, «será un conflicto largo» pero que «habrá que poner en marcha para recuperar los bienes que han sido apropiados de forma indebida».
En este sentido, ha recordado que ya hay sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que avisan de que «ese cambio normativo no está acorde a la normativa europea ni a la Convención de Derechos Humanos» y «dan la razón» a los particulares que reclaman a la Iglesias los bienes.
Hurtado ha destacado que el Gobierno al acceder a la elaboración y publicación del listado «se compromete a hacer efectivo un acuerdo del Congreso», ya que en abril de 2017 se aprobó en la Comisión de Justicia del Congreso una iniciativa que reclamaba esa lista al anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy.
«Si (el Gobierno de Mariano Rajoy) la tenía, la tenía en el fondo de un cajón», ha sentenciado el parlamentario del PSOE, que ha lamentado que el Ejecutivo del PP «se limitase a pedir al Colegio de Registradores de la Propiedad una relación de todas las inmatriculaciones».
Asimismo, ha hecho hincapié en que el anterior Gobierno «nunca se comprometió a hacerla pública», por lo que ha agradecido esa intención del nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez. «Lo que conocemos puede ser que sea la punta de un iceberg y que sean más propiedades de las que se pueden estimar», ha augurado.
Reacción de la Conferencia Episcopal
Aunque no ha valorado la decisión del Gobierno de elaborar y publicar este listado, sí ha apuntado que dicha publicación debe hacerse «conforme a la legislación vigente y siempre que opere el principio de no discriminación».
«La Conferencia Episcopal no hace valoraciones sobre la posibilidad de que se publiquen los datos del registro siempre que dicha publicación se haga conforme a la legislación vigente y siempre que opere el principio de no discriminación», ha manifestado el vicesecretario económico de la institución, Fernando Giménez Barriocanal.
