Las Comunidades Autónomas han pedido a Justicia crear un banco de ADN de carácter «estatal» para la identificación de los fallecidos en la Guerra Civil ya exhumados de las fosas, como el que ya han puesto en marcha en Andalucía, Cataluña, País Vasco y Navarra.
No existen datos oficiales para cuantificar las miles de fosas aún sin localizar con los restos de los fusilados durante la Guerra Civil. Y, por tanto, el Gobierno no tiene posibilidad de saber cuánto va a costar desenterrar e identificar genéticamente a estas víctimas.
En Andalucía, por ejemplo, hay información de más de 700 fosas comunes cuando el último dato que tiene Justicia señala que son 576.
En la Comunidad Valenciana, la situación es similar con un mapa oficial de más 80 fosas cuando sus técnicos han contado ya «más de 400».
Se le añade también que el presupuesto destinado a Memoria Histórica para este ejercicio es «cero», con lo que habrá que esperar a la aprobación de los de 2019 para que el Gobierno pueda ejecutar alguna de las medidas planteadas.
Este es el contexto en el que tendrá que moverse Fernando Martínez López, director General para la Memoria Histórica, dependiente del Ministerio de Justicia, que en una reunión con los responsables del ramo de las distintas Comunidades Autónomas calificó la iniciativa de «muy compleja» y manifestó que se podría comenzar con tener este banco con información de desaparecidos.
Sin presupuesto, Martínez López adelantó que puede trabajar en diseñar planes, hojas de ruta y estrategias pero para «profundizar» en su colaboración con las Comunidades necesitará esperar a los próximos Presupuestos Generales del Estado.
Un mapa de fosas indeterminado
Martínez López tiene como prioridad llevar a cabo la exhumación de fosas comunes tras actualizar un mapa oficial para lo que el plan de trabajo se iniciará con la consignación de los nichos que ya están localizados y diseñar después planes cuatrienales para comenzar a abrirlos.
En el mapa de fosas ya constan 2.470 pero «faltan centenares ya localizadas».
El catálogo que elaboró el exmagistrado Baltasar Garzón y otros organismos internacionales coinciden en estimar entre 100.000 y 114.000 las personas asesinadas que podrían seguir en estas fosas.
Todo ello abunda en el argumento de que no es posible planificar los recursos económicos necesarios para cerrar con dignidad este episodio de la Historia de España.
«Tenemos que hacer un esfuerzo conjuntamente las comunidades autónomas y el ministerio para actualizar el mapa, porque no podemos programar actuaciones de planes anuales y cuatrienales de exhumación si no sabemos las fosas que hay», comentó Martínez López.
