En el marco de la investigación sobre la macrocausa por la gestión fraudulenta del grupo iDental que está llevando a cabo desde el pasado mes de julio el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, su titular José de la Mata ordenó anoche prisión provisional para el exdirectivo de las clínicas dentales Luis Sans y otras tres personas, entre ellas su abogada.
La Policía detuvo este jueves a un total 10 personas vinculadas con la gestión de las 24 clínicas ahora cerradas.
Los otros seis detenidos han quedado en libertad con medidas cautelares consistentes en comparecencias semanales en el juzgado, retirada de pasaporte y prohibición de salir de territorio nacional.
A todos ellos se les investigan delitos de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.
Operación ‘Apolonia’
La operación desarrollada en Madrid y Alicante trata de evitar que se reproduzca una segunda macroestafa ya que los arrestados ya habían descapitalizado varias empresas para preparar el mismo patrón: una red de clínicas por toda España, esta vez bajo la marca del grupo “Institutos Odontológicos Asociados (IOA)”.
Junto al que fuera consejero delegado de iDental, Luis Sans, el resto de detenidos jugaba un papel central como testaferros para ser utilizados en la trama empresarial para la que ya habían desviado capital y captado nuevamente a varios fondos de inversión.
Ese dinero no se ha destinado a la expansión de clínicas y compra de material sino que ha quedado en aras de las empresas controladas por Sans, ajenas a la gestión de IOA.
El magistrado también ordenó seis entradas y registros en domicilios de Madrid capital, los municipios madrileños de Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte y San Juan (Alicante).
Como consecuencia, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) procedió al bloqueo y embargo preventivo de propiedades inmobiliarias, vehículos y productos financieros de los investigados en más de 33 entidades financieras nacionales e internacionales. También se incautó de amplia documentación.
IOA: descapitalización y testaferros
La firma de gestión de activos Weston Hill Asset Management relacionada con iDental posee también la cadena de clínicas odontológicas IOA.
De la Mata, ante la similitud de ambas estructuras societarias, quiere investigar las salida de fondos sin justificación «a pesar de que los administradores serían conscientes de la situación de impago en la que se encuentran y que se agravan ante dichas disposiciones de capital».
Luis Sans es el nexo entre iDental y el Grupo IOA, ya que, según se desprende de la instrucción, utilizó distintos testaferros para figurar al frente de las sociedades, entre ellas la red de clínicas dentales y, de esta forma, no figurar como el verdadero administrador de hecho de dichas sociedades.
Falsas subvenciones y créditos
iDental además de publicitarse como “dentistas con corazón” y proyecto de “responsabilidad social”, por acercar la odontología a quienes tuvieran dificultades para acceder al dentista, atrapaban a los pacientes con supuestas ayudas-subvención de rebaja de un porcentaje del presupuesto que podía llegar hasta el 80%, aludiendo a que procedía de la Administración Pública.
Los pacientes pagaban sus tratamientos íntegramente por adelantado con un sistema de financiación a través de entidades bancarias y no bancarias. Cuando firmaban estos contratos creían que se trataba de la firma de documentos para tramitar la ayuda económica que les prometían como gancho.
Los más de 400.000 afectados estimados en 14 Comunidades Autónomas que se quedaron sin dinero y con tratamientos sin terminar, recibirán copia de sus historiales médicos según el protocolo de actuación puesto en marcha con la Audiencia Nacional.
De la Mata prevé abrir más de mil piezas con diligencias de investigación en diferentes provincias.
La advertencia de los dentistas
Para el Consejo de Dentistas que se ha personado en la causa como acusación particular, se trata de “un escándalo sanitario sin precedentes”.
Denuncian que actualmente en España, cualquier persona puede abrir una clínica dental y fijar unos objetivos económicos a todo el personal que contrate, incluidos dentistas.
Y reclaman que se cumpla la Ley de Sociedades Profesionales, de forma que “el control de la toma de decisiones en las clínicas dentales debería residir en los profesionales sanitarios, y no en especuladores que solo buscan sacar el mayor beneficio económico en el menor tiempo posible”.
En su opinión, la aparición de las multidentales y franquicias han tenido “un efecto disuasorio sobre el justo derecho de la población a reclamar una asistencia dental gratuita y de calidad”.
Advierten de que más cadenas corporativas similares cerrarán en el futuro si no se toman las medidas que se llevan años reclamando.
La acción más urgente, dicen, es regular la publicidad sanitaria en todo el territorio nacional “para evitar que haya anuncios y campañas engañosas que solo buscan mercantilizar la salud”.
