El PP interpelará el próximo miércoles en el Congreso al ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, por la sociedad patrimonial que constituyó con su esposa, la embajadora de España en Malta, Consuelo Femenía, cuando adquirió su casa en Jávea (Alicante), una iniciativa que abre la vía a su reprobación.
En el texto de su interpelación, el PP demanda que el ministro muestre la documentación correspondiente a su autoalquiler y su reflejo en las cuentas de la sociedad de los últimos tres años.
La formación advierte que si se demuestra Duque que «ha mentido», debe dimitir o ser cesado de forma inmediata por el presidente Pedro Sánchez.
El PP utilizó una fórmula similar en la moción aprobada por el Pleno el pasado martes en la que la Cámara exigió la dimisión o, en su caso, el cese de la ministra de Justicia, Dolores Delgado.
Si a los ‘populares’ no les satisface las explicaciones que dé el martes Duque, éste podría convertirse en el segundo ministro de este Gobierno censurado por el Congreso cuando se vote la moción la semana del 22 de octubre.
La información sobre la sociedad patrimonial creada por Duque se publicó el 27 de septiembre y ese mismo día el ministro aseguró que nunca había pretendido eludir el pago de ningún impuesto y que consignaba a la misma los ingresos correspondientes a su autoalquiler como marca la legislación.
EL PP DICE QUE EL LISTÓN LO FIJÓ SÁNCHEZ
Para el PP, resultan «totalmente inadmisibles» los argumentos del ministros para «eludir el impuesto de sucesiones» máxime, recalcan, cuando ellos lo quieren suprimir y el PSOE quiere subirlo.
«No parece muy coherente exigir al resto de españoles un esfuerzo para hacer frente a la subida de impuestos mientras diferentes miembros del Ejecutivo utilizan sociedades instrumentales para pagar menos», esgrimen los ‘populares’ recordando el caso del dimitido Maxim Huerta.
Además, el PP insiste en que el fue el propio Sánchez «quien fijó el listón» en estos temas cuando en febrero de 2015 afirmó que si tuviera en su equipo a un «responsable político con una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar, al día siguiente esa persona estaría fuera».
Admite que la creación de una sociedad patrimonial no constituye «ningún delito», pero que las informaciones periodísticas han demostrado que entre 2015 y 2017, en contra de lo afirmado por Duque, su sociedad patrimonial no declaró ningún ingreso, sino sólo gastos de explotación.
A su juicio, de constatarse que no se imputó en esos años el correspondiente autoalquiler, significaría que el ministro habría eludido el pago de los impuestos correspondientes, «lo que constituiría una ilegalidad fiscal», y, además y «más grave», habría «mentido a todos los españoles». Con información de EP.
