La Subdirección General de Localización y Recuperación de Bienes del Ministerio de Justicia ha presentado al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Lezo, Manuel García Castellón, un informe sobre el patrimonio del exministro, expresidente de la Comunidad de Madrid y exalcalde de la capital Alberto Ruiz-Gallardón así como de dos de sus exconsejeros, los tres imputados por la compra de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II en 2001.
El documento, que había sido solicitado por el magistrado y que ha sido adelantado por ‘Voz populi’, especifica que la información se ha reclamado según lo dispuesto en el Decreto 948/2015, que regula las competencias de la Subdirección General de Localización y Recuperación de Bienes.
Según el decreto, a este departamento del Ministerio de Justicia corresponden las «competencias de localización, recuperación, conservación, administración y realización de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización criminal y de cualesquiera otras que se le atribuyan, en los términos previstos en la legislación penal y procesal».
Después de que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 solicitara información sobre varias personas investigadas en el ‘caso Lezo’, la subdirección general ha remitido las «averiguaciones» realizadas.
Una de las personas sobre las que pidió datos García Castellón es Gallardón, así como los exconsejeros madrileños Juan Bravo –también expresidente de Adif– y Carlos Mayor Oreja. Los tres declararon ante el juez el pasado 7 de junio por las presuntas irregularidades en la adquisición de la sociedad colombiana.
El gobierno que Gallardón presidía en noviembre de 2001 dio el visto bueno a la compra por parte del Canal de Isabel II. Por esta operación, que se investiga en la pieza 1 del conocido como caso Lezo, ya han comparecido en la Audiencia Nacional, como investigados, tanto los exconsejeros como el propio Gallardón, además de los exmiembros del Consejo de Administración de la empresa pública de aguas.
«Cúmulo de irregularidades»
El juez García Castellón decidió investigar al exministro de Justicia y su equipo en 2001 porque considera evidente que hubo un «cúmulo de irregularidades» durante el proceso de adquisición de Inassa. En su declaración, Gallardón defendió la «legalidad» de la compra y negó tajantemente el cobro de comisiones ilícitas.
Asimismo, destacó que el tiempo ha demostrado que la adquisición de la sociedad de Barranquilla por 73 millones de dólares fue una buena decisión y que se hizo con todos los informes de los técnicos del Canal de Isabel II a favor de la operación.
Tanto los exconsejeros como los exmiembros del Consejo de Administración del Canal alegaron ante el juez que dieron el visto bueno a la compra porque confiaron en los informes técnicos, que les presentó un proyecto muy ventajoso.
Además del patrimonio de Gallardón, Bravo y Mayor Oreja, el juez García Castellón también pidió a la Subdirección General de Localización y Recuperación de Bienes de otros nueve investigados en el caso Lezo, entre ellos el principal imputado, Ignacio González, su hermano Pablo González, su mujer, Lourdes Cavero, y su principal socio en los negocios del Canal en Sudamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino.
Justicia también ha remitido al juez información sobre el exdelegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro, la hija de Rodríguez Sobrino, Patricia Ana Rodríguez, los exdirectivos del Canal de Isabel II Gaspar Cienfuegos e Ildefonso de Miguel, y el empresario Joaquín Molpeceres. (EP).
