A partir del mediodía de este miércoles, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, presidirá la reunión de coordinación del plan especial sobre cláusulas suelo.
En ella participarán representantes del órgano de gobierno de los jueces, del Ministerio de Justicia -competente directo sobre 5 Comunidades Autónomas (Castilla-La Mancha, Castilla-León, Murcia, Extremadura y las Islas Baleares)- y de las 12 Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia: País Vasco, Navarra, Cataluña, Andalucía, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Canarias, Galicia, Asturias, Cantabria, Aragón y La Rioja.
Más de 250.000 asuntos ingresados desde su creación
La agenda del encuentro se centrará en evaluar cómo funcionan estos 54 juzgados uniprovinciales puestos en marcha en junio de 2017 como forma de responder a las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.
Tampoco faltará un punto para analizar las cifras a las que se enfrentan estos órganos conocidos como ‘juzgados de cláusulas suelo’.
Precisamente hace unas semanas, el CGPJ hacía públicos sus datos de actividad entre los que cabe destacar que, el total de asuntos ingresados en el año y tres meses que llevan en funcionamiento, se cifra en 259.921. De ellos se han resuelto 52.166 y se han dictado 40.839 sentencias.
También se conoció este lunes que las cláusulas suelo contribuyeron a la subida de asuntos judiciales en la jurisdicción civil entre abril y junio de 2018.
Así, los 593.081 asuntos civiles ingresados en el segundo trimestre de este año representan un 15,2% más que los ingresados en ese mismo periodo de 2017. De ellos, los asuntos de cláusulas suelo ascendieron a 49.455. Sin ellos, el incremento del ingreso en la jurisdicción civil habría sido del 5,6%.
El colapso sobre la mesa
El elevado número de señalamientos de estos órganos no deja de asociarse al colapso y a las consecuentes quejas por parte de jueces y demás operadores jurídicos.
Y no porque no quieran trabajar sino porque entienden que este volumen de asuntos es incompatible con un buen servicio al ciudadano “que tendrá que esperar años a que su litigio se resuelva”, advierten desde la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM).
Otra prueba de ello es el acuerdo adoptado por el titular del órgano especializado de Barcelona Miguel Ángel Chaparro de suspender los señalamientos más allá de un año vista hasta que se resuelva el colapso. Y en el caso del juzgado 101bis de Madrid, entre los 10 jueces designados se están realizando 1.000 señalamientos al mes.
La solución no es sencilla porque como explica Celso Rodríguez Padrón, portavoz de la APM, «el sistema judicial español no estaba preparado para asumir de pronto en su funcionamiento ordinario una avalancha al hilo de esta problemática”.
“El número de asuntos pone de manifiesto la insuficiencia de medios con los que se afronta esta masiva iniciativa de demandas judiciales”, señala, al tiempo que reconoce que cualquier solución “tendría que haber previsto este déficit estructural del propio sistema”.
En su momento, cuando el CGPJ acordó la puesta en marcha de estos juzgados especializados, el debate se centró sobre si la mejor opción era concentrar los asuntos en este tipo de órganos o bien repartirlos entre todos los juzgados de 1ª Instancia correspondientes por razón de competencia territorial.
La Asociación se decantó por esta segunda opción ya que, según explica Rodríguez Padrón, dividiendo el número de causas entre todos los juzgados, éste sería menor en relación a las que ingresan en los especializados “y, por tanto, el atasco no se hubiera concentrado de forma tan puntual”.
A la reunión asistirán los vocales del CGPJ José Antonio Ballestero Pascual, Mar Cabrejas Guijarro, Álvaro Cuesta Martínez, Juan Manuel Fernández Martínez, Gerardo Martínez Tristán y Rafael Mozo Muelas.
El Ministerio de Justicia estará representado por el secretario general, Antonio Viejo, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Esmeralda Rasillo.
En representación de las CC.AA, está prevista la asistencia, entre otros, de los consejeros de Justicia de País Vasco, Comunidad Valenciana, Andalucía y Comunidad de Madrid; asimismo, la de otros altos cargos de Canarias, Galicia, Principado de Asturias, Cantabria, Aragón y la Rioja. Los representantes de la Generalitat de Cataluña asistirán por videoconferencia.
