El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, presentó este miércoles las acciones judiciales que va a llevar a cabo el Gobierno regional contra el proyecto de ‘Madrid Central’, aprobado por el Ayuntamiento de Madrid el pasado mes de octubre, y que está previsto que entre en funcionamiento el próximo 30 de noviembre.
Garrido estuvo acompañado por el vicepresidente y consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, Pedro Rollán; y por los consejeros de Transportes, Vivienda e Infraestructuras y Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Rosalía Gonzalo y Carlos Izquierdo.
El presidente autonómico señaló que la Abogacía General de la Comunidad de Madrid había ya presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid TSJM) un recurso contencioso administrativo en el que solicita la anulación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Madrid.
La duda estriba en si la justicia madrileña será lo suficientemente ágil para estimar este recurso y paralizar ‘Madrid Centra’l antes de su puesta en marcha.
Fuentes consultadas por Confilegal precisan que como procedimiento administrativo que es, el TSJ de Madrid abrirá un trámite de audiencia para que el Ayuntamiento formule sus alegaciones o presente la documentación que considere, con lo cual no parece sencillo que antes del 30 de noviembre se pueda detener esta iniciativa.
Otro escenario es que días después de la puesta en marcha, la justicia madrileña pudiera ordenar dicha suspensión cautelar.
La idea del gobierno madrileño es presentar dos recursos contencioso-administrativos «muy razonables y muy bien argumentados», que buscan defender los intereses de los madrileños, «empezando por la calidad del aire que respiran», señaló el propio Garrido
Respecto al primer recurso, según ha podido saber Confilegal, existen hasta diez objeciones importantes recogidas por la Comunidad de Madrid que les ha obligado a pedir la suspensión cautelar de ‘Madrid Central’.
Se hace especial atención en que «afecta a la gestión de competencias autonómicas» y, por este motivo, es necesario que se presenten informes previos a las Consejerías competentes en dichas materias. Uno trámites, denuncian desde el PP, «inexistentes hasta ahora».
En segundo término, el recurso argumenta que no hay una memoria de impacto normativo -motivo por el que Garrido cree que se puede anular la Ordenanza-, y no analiza el impacto económico que puede suponer para el ciudadano, los comercios e incluso la competitividad de la ciudad.
Sin informes de impacto ni sometido a información pública
Tampoco tiene el proyecto un informe de impacto en materia de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad; no se ha sometido a información pública y audiencia; y no se ha dado audiencia a los municipios limítrofes.
Otro de los argumentos es que el perímetro de ‘Madrid Central’ no comprende las zonas más contaminadas de la ciudad, de acuerdo con los datos de 2017 del propio Ayuntamiento, que cita como zonas más contaminadas por dióxido de nitrógeno la zona de Escuelas Aguirre y la Plaza Fernández Ladreda, ambas fuera de la zona que se quiere cerrar al tráfico.
Y no cuenta, además con una evaluación de qué impacto ambiental puede tener el cierre al tráfico en las zonas colindantes con el perímetro de Madrid Central.
Tampoco dispone, según el informe que el presidente autonómico Angel Garrido presentó a los medios de comunicación, de reservas de plazas de aparcamiento para personas con discapacidad en la medida que marca la ley, al tiempo que no se incluyen medidas que garanticen su aplicación eficaz evitando el colapso del tráfico.
Al mismo tiempo para el presidente Garrido arrancar este proyecto antes de Navidad no parecen muy lógico, al ser fechas que muchas familias utilizan para desplazarse a realizar las tradicionales compras al centro de la ciudad.
Por ello, pide al Ayuntamiento de Manuela Carmena que paralice esta iniciativa mientras no haya «condiciones, garantías e infraestructuras necesarias».
Este recurso «no responde a ninguna batalla política, sino a un ejercicio de responsabilidad», comentó Garrido. «Tenemos la obligación de defender los derechos de todos los madrileños», añadió.
En su conclusión, el presidente de la Comunidad de Madrid señaló que ha querido evitar llegar a este punto, porque «lo ideal es que las administraciones se entiendan».
Antes de la rueda de prensa de Garrido, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, tachó de «actuación lamentable» la decisión del Gobierno regional de presentar dos recursos judiciales contra Madrid Central, lo que, según la edil, confirma «que el PP sigue utilizando la justicia para la confrontación política».
«Hoy estamos viendo cómo el PP utiliza algo que tiene que ver con la salud de los ciudadanos y actúa en contra porque piensa que va a sacar réditos electorales», declaró Causapié a la salida del acto inaugural del Foro Internacional sobre la Soledad, la Salud y los Cuidados.
