La consejera de Justicia de la Comunidad de Madrid, Yolanda Ibarrola, está muy preocupada porque la implementación de Madrid Central, por parte del Ayuntamiento de la capital, no ha tenido en cuenta a los abogados del turno de oficio, a los que veta el acceso con sus vehículos personales -muchos de los cuales no cumplen las exigencias impuestas- a tres comisarías de Policía Nacional, así como a la Audiencia Nacional, al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y al Tribunal Supremo.
«Me preocupa mucho Madrid Central porque supone un serio riesgo para los derechos fundamentales», declaró a Confilegal.
«El derecho a la libertad es tan importante como el derecho a la salud. Esa imposibilidad de llegar, a los abogados del turno de oficio, con sus vehículos, a las comisarías donde hay ciudadanos detenidos, pueden suponer retrasos graves en las asistencias que podrían traducirse en demoras importantes a la hora de recuperar sus libertades», añadió.
«¿Vamos a estar jugando con la libertad de las personas porque un abogado de oficio no llega? ¿Porque no lo han contemplado los que han diseñado Madrid Central?», se pregunta.
«Esto de Madrid Central se ha aplicado con muy poca reflexión», señaló.
En la misma línea se manifestaron los miembros de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO) el pasado 30 de noviembre ante el Ayuntamiento de Madrid. Reclamaron a Carmena que a los abogados que estén en el servicio de guardia se les permita acceder con sus vehículos a la zona delimitada como «Madrid Central», donde se hayan las comisarías y edificios judiciales, con el fin de atender a sus clientes.
El Ayuntamiento no ha querido llegar a una solución amistosa, según esta asociación, impidiendo hacer su trabajo a los letrados del turno de oficio.
RECURSO CONTRA MADRID CENTRAL POR PARTE DEL PRESIDENTE DE MADRID
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, presentó, el pasado mes de noviembre, un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra Madrid Central, el proyecto «estrella» de la alcaldesa, Manuela Carmena.
En el mismo se solicitaba la anulación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, el 5 de octubre pasado, y la suspensión cautelar de Madrid Central aduciendo la falta de informes, la afectación a competencias autonómicas o no haber sometido la idea a información pública son algunos de los motivos.
La Comunidad de Madrid no fue la única que interpuso un recurso ante el TSJM, También lo hizo la asociación Automovilistas Europeos Asociados, que solicitaron una medidas cautelarísimas, con el objetivo de paralizar la entrada en vigor de Madrid Central.
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM rechazó dicha petición.
