La Audiencia Nacional dictó este martes un auto en el que propone al Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, que solicite a las autoridades de Brasil la extradición de Carlos García Julia, condenado por la “Matanza de Atocha” que fue detenido el pasado 5 de diciembre en Sao Paolo, para que cumpla los más de diez años de cárcel de la sentencia que le quedan por cumplir.
García Julia fue condenado en febrero de 1980 a 193 años de cárcel como autor de nueve delitos de asesinato: 30 años de prisión como autor de un delito de asesinato consumado, cuatro penas de 25 años por otros cuatro asesinatos consumados, otras cuatro penas de 15 años por cuatro asesinatos frustrados y 3 años por delitos de tenencia ilícita de armas.
Según la Sala, en concordancia con lo planteado por el Ministerio Fiscal, «concurren todos los requisitos legales» para proponer al Gobierno que solicite a Brasil su extradición por la comisión de los delitos mencionados para el cumplimiento de la pena, de la que le resta por cumplir un total de 3.855 días.
La pena no ha prescrito
La Sección Primera de la Sala de lo Penal, formada por los magistrados Concepción Espejel Jorquera, Manuela Francisca Fernández Prado, Jesús Eduardo Gutiérrez Gómez y Juan Ramón Sáez Valcarcel como ponente explica en su auto que la pena no ha prescrito porque el plazo es de 30 años, tal y como establece el artículo 133.1 del Código penal español.
Y detalla que son varios los actos procesales que han interrumpido esa prescripción de la pena.
Entre ellos destaca el auto de agosto de 1996 que revocó su libertad condicional por incumplimiento de las obligaciones impuestas y comisión de un nuevo delito, o el auto de 2001 que acordó solicitar la extradición a Bolivia, país en el que había sido detenido por tráfico de estupefacientes y de donde se fugó durante un permiso penitenciario.
La ‘matanza de Atocha’
El auto recuerda que como se recoge en los hechos probados de la sentencia, García Julia junto a Francisco Albaladejo, Jorge Fernández y Leocadio Jiménez, antiguos militantes de “Falange Española” y “Fuerza Nueva” constituyeron un grupo radical y totalitario, disconforme con el cambio constitucional que ese estaba operando en España.
De acuerdo con esos ideales y por enemistad con un sindicalista del transporte afiliado a CCOO., Joaquín Navarro Fernández, que intervenía en la huelga del transporte y que se asesoraba en el despacho de abogados laboralistas con sede en la calle Atocha 55, “decidieron tomar venganza y agredir física y violentamente a Navarro y a los abogados del despacho”.
A tal fin, continúa, el 24 de enero de 1977, provistos de pistolas del calibre 9 mm parabellum, sobre las 22. 30 horas, llamaron a la puerta del despacho y cuando les abrieron, encañonaron a las personas que allí había, les condujeron a un salón, destruyeron los archivos, arrancaron los cables de teléfono y “cuando tuvieron a todas sus víctimas inermes y con los brazos en alto, dispararon de forma fría e inopinada”.
Causaron la muerte de los abogados Francisco Javier Sauquillo, Javier Benavides, Enrique Valdevira, el estudiante de Derecho Serafín Holgado y el administrativo Ángel Elías Rodríguez Leal. Además, fueron heridos Miguel Sarabia, Alejandro Ruiz-Huerta, Luis Ramos Pardo y Lola González.
La Sala acordó igualmente remitir al Ministro de Justicia el auto del 8 de marzo del año pasado por el que se acordaron las oportunas órdenes de búsqueda, detención e ingreso en prisión de G.J., así como la orden de detención internacional y la documentación exigida en el convenio de extradición.
