El Gobierno en la foto que se hizo hoy antes de la reunión que celebró en Barcelona. EP.
El Gobierno del PSOE rehabilita la figura de Companys, líder de ERC, partido socio en los últimos gobiernos republicanos
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21/12/2018 18:15
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Actualizado: 21/12/2018 18:52
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El pasado 6 de septiembre, la consejera de Justicia del Gobierno autonómico catalán, Ester Capella, instó a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, a que el Gobierno socialista pidiera «perdón» por la detención en Francia, llevada a cabo por las fuerzas de ocupación nazi, del presidente de la Generalitat en el exilio, Lluis Companys, quien después fue entregado al régimen militar franquista, que acababa de ganar la guerra civil.
Companys fue juzgado por un tribunal militar rebelde y, como no podía ser de otra manera en aquellos días, fue fusilado.
Companys era líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el partido de Capella.
Lo de Capella fue una enajenación temporal transitoria histórica. O quizá una manipulación burda.
Porque «olvidó» -¿un ejercicio de «postverdad»?- que ERC formó parte de los diferentes gobiernos republicanos que se sucedieron desde el 19 de julio de 1936 hasta el final de la contienda, el 1 de abril de 1939, y que hicieron frente a las tropas rebeldes de Franco.
Todos ellos fueron gobiernos de concentración, formados por representantes de PSOE, PCE, PSUC, Izquierda Republicana, Unión Republicana, PNV, el sindicato CNT y ERC.
En el caso de Esquerra Republicana de Catalunya fueron, en concreto, tres los compañeros de Capella los que ejercieron de ministros de la República en aquellos tiempos tan turbulentos: Juan Lluhí Vallescá, José Tomás Piera y Jaime Ayguadé Miró.
El primero fue ministro de de Comunicaciones y Marina Mercante y después de Trabajo, Sanidad y Previsión Social; Piera le sucedió al frente de este segundo Ministerio.
Jaime Ayguadé Miró, ocupó la cartera Trabajo, Sanidad y Asistencia Social desde mayo de 1937 hasta 1939 y antes, desde 1936, fue ministro sin cartera desde noviembre de 1936.
Es decir, que la consejera Capella le pidió a un gobierno de un partido que fue socio del suyo en el gobierno republicano durante la guerra civil, que perdió la contienda, y que sufrió los mismos rigores de la dictadura -cárcel, ejecuciones o el exilio-, que pida perdón públicamente “en nombre del Estado”.
¿De qué Estado?
¿Del aquel estado franquista?
¿Del actual Estado democrático?
¿Perdón por fusilar a Companys en 1940?
¿El Gobierno socialista de 2018 pidiendo perdón oficial en nombre del «Estado» por el asesinato -porque no se puede denominar de otra manera- de Companys?
Sí, eso era lo que pretendía la consejera de Justicia y exdiputada de ERC.
RESTITUCIÓN DE LA «PLENA DIGNIDAD» DEL DIRIGENTE POLÍTICO
Hoy el Gobierno, reunido en Barcelona, ha aprobado una declaración de reparación y reconocimiento a favor del expresidente de la Generalitat fusilado y ha proclamado de forma «pública y solemne» la «restitución de la plena dignidad» del dirigente político.
¿Era necesario?
Posiblemente para sobrevivir los próximos meses en Moncloa, era esencial.
Pero esa declaración inevitablemente se articulará en el relato separatista como un reconocimiento del crimen por parte del «Estado fascista que gobierna España», de los «herederos de Franco», la «democracia española» nacida de una Transición pactada con los golpistas y basada en una Constitución «dictada» a la sombra de los militares.
Companys huyó al exilio para salvar la vida. Lo mismo que el entonces presidente del Gobierno de concentración de la República, el socialista Juan Negrín, su antecesor, Francisco Largo Caballero -que moriría después en un campo de concentración nazi-, los ministros socialistas, Indalecio Prieto, Julio Álvarez del Bayo, Ángel Galarza, Vicente Uribe Galdeano, Paulino Gómez Sáiz, y tantos otros.
Y los que se quedaron, como el expresidente del Congreso, Julián Besteiro, murieron en la cárcel, o fueron fusilados sumariamente, como el exlíder de ERC.
Companys no fue la única víctima, como parece querer destacar ERC con esta declaración de un Gobierno de la nación necesitado de sus votos en el Congreso para sobrevivir.
Porque el dictador encarceló a 270.000 personas y fusiló a 50.000.
Y al menos 4.000 murieron de hambre y frío en las prisiones, según la obra Víctimas de la Guerra Civil, publicada por Temas de Hoy.
El expresidente de la Generalitat sufrió los mismos rigores que muchos a los que los golpistas echaron la mano con ayuda de las tropas de Adolf Hitler. Posiblemente el presidente de la República, Manuel Azaña, habría sufrido la misma suerte si no se hubiera muerto antes.
COMPANYS ESTABA REFUGIADO EN LA BAULE-LES-PINS, NOROESTE DE FRANCIA
Tras la pérdida de la guerra civil, Companys huyó a Francia, país en el que fue después arrestado por la Gestapo alemana, por petición del gobierno militar del general Francisco Franco, que había ganado la contienda.
Fue el 13 de agosto de 1940. Companys se encontraba en una casa de La Baule-les-Pins, junto a Nantes, al noroeste del país.
Y fue entregado a las autoridades franquistas 16 días después, el 29 de agosto de ese mismo año.
Tras un juicio sumarísimo, Companys fue fusilado el 15 de octubre de 1940 en el Castillo de Montjuic, en Barcelona.
Lluis Companys en una imagen de mediados de los años 30. ABC.
LO QUE EL GOBIERNO HA OLVIDADO O NO CONOCE
El anuncio de la rehabilitación pública de Companys -el intercambio de cromos con ERC- corrió a cargo de la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, y la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, que explicaron en rueda de prensa que este acuerdo ampliaba el acuerdo que ya tomó el Gobierno en 2010, cuando ya reconoció la figura del político.
Batet subrayó que entonces la familia solicitó que una «reparación» más amplia y contundente, especialmente, el reconocimiento de que fue asesinado por orden de un gobierno ilegítimo en un consejo de guerra que adoleció de garantías legales.
Lo que el Gobierno actual olvida, o no sabe, es que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido (hoy magistrado del Tribunal Constitucional), tomó el siguiente acuerdo el 5 de abril de 2010:
«ACUERDO: Reconocer que las sentencias dictadas por el Tribunal de Responsabilidades Políticas de Barcelona en fecha 13 de diciembre de 1939 y por el Consejo de Guerra de Oficiales Generales en fecha 14 de octubre de 1940 relativas al Presidente de la Generalitat de Cataluña D. Lluis Companys i Jover son inexistentes y nulas de pleno derecho sin que subsista actualmente apariencia alguna de legalidad ó validez de las mismas, al haber sido expulsadas del ordenamiento jurídico, por lo que resulta legalmente improcedente, por falta de objeto, la interposición del recurso de revisión ante el Tribunal Supremo».
«Esta resolución será comunicada oficialmente a la Generalitat de Cataluña, y notificada a través de la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Cataluña a Doña Maria Lluisa Gay, nieta de D. Lluis Companys i Jover».
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. ACUERDO CASO COMPANYS – PARA DESCARGAR
El Gobierno dice haberse apoyado en la Ley de Memoria Histórica para aprobar esta declaración, «atendiendo a la trayectoria vital y política» del presidente catalán, a las «ominosas circunstancias en que se produjo su muerte» y a las varias declaraciones e iniciativas parlamentarias favorables a la reparación y el reconocimiento personal de quienes fueron represaliados en la guerra civil y el franquismo, en particular, Lluís Companys i Jover.
Lluís Companys fue presidente de la Generalitat de Cataluña de 1934 a 1940, líder de Esquerra Republicana de Cataluña y ministro de la Marina de España en 1933.
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