La titular del Juzgado de Instrucción 5 de Las Palmas de Gran Canaria, Ana Isabel Vega Serrano, ha admitido a trámite una querella contra el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, el empresario Miguel Ángel Ramírez, y ocho personas de su confianza -su padre, algunos primos y su hombre de confianza, Héctor de Armas– por los supuestos delitos de insolvencia unible y contra el derecho de los trabajadores.
La querella, presentada por la fiscal anticorrupción Evangelina Ríos, tiene su origen en las investigaciones llevadas a cabo por Vigilancia Aduanera sobre los querellados.
De acuerdo con la fiscal, Ramírez ha tratado de despatrimonializar Seguridad Integral Canaria (SIC), que está en concurso de acreedores, desviando fondos a otras empresas supuestamente controladas por él, con el fin de no pagar las deudas contraídas con Hacienda y la Seguridad Social.
Entre ellas Sinergias de Vigilancia y Seguridad, MAR Asesores, Novo Segur Seguridad Privada, Transportes Depósitos y Manipulados y Gestiones y Asesoramiento 3.000.
El empresario canario niega todo y asegura sentirse «acosado» por la Fiscalía.
SIC, por una parte, debe 7.060.169,55 euros a la Hacienda Pública, por no haber abonado las retenciones practicadas a los trabajadores, así como el IVA repercutido a sus clientes.
Por otra parte, también adeuda a la Seguridad Social 1.466.914,85 euros, por «infracotización», por un lado, y otro 1.300.000, por lo mismo, en otro periodo diferente.
Como consecuencia de todo ello, la Agencia Tributaria embargó todas las cuentas bancarias, los cae´ditos comerciales, los créditos arrendatarios, dos coches BMW modelo 520D, bienes inmuebles, títulos no cotizados, y ocho fincas registrases.
Ramírez, según la querella de la Fiscalía, vendió las acciones del equipo de fútbol de Segunda División, que ostentaba a través de SCI, «en fraude de ley».
El embargo de las acciones de la UD Las Palmas se acordó el 9 de noviembre de 2017, pero no pudo realizarse al haberlas vendido el empresario.
«Pese a esa venta SIC no percibió enero alguno como prestación, y para ello se recurrió a intentar justificar un crédito a favor de Miguel Ángel Ramírez con SIC de algo más de 200.000 euros que había prestado a la tesorería», dice la querella.
«Esa transferencia de fondos se omitió», prosigue.
Porque «Ramírez adeudaba a la sociedad SIC unos dos millones de euros», que no figuraban, a efectos contables en los balances como deuda por se había aplazado el abono de la cantidad hasta 2035.
A pesar de ello, «Ramírez adquirió de SIC unas participaciones en la UD, justificando la contraprestación d ellas mismas de las mismas con ese dinero transferido a la empresa cuando ese dinero debía ser a cuenta de la deuda que él mismo tenía con SIC, obteniéndose con esa actuación contable lograr evitar que se descubriera tal deuda».