Seis asociaciones de la Guardia Civil han presentado hoy una denuncia contra el Gobierno por presuntas irregularidades en el proceso de equiparación salarial por el reparto para 2019, en perjuicio de los guardias civiles.
«Unas irregularidades que incumplen el acuerdo firmado entre las asociaciones y el Gobierno en marzo de 2018″, han destacado.
La demanda la suscriben la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (ASES-GC), la Unión de Oficiales Guardia Civil Profesional (UO), la Unión de Guardias Civiles (UnionGC) y la Asociación Profesional de Cabos (APC).
Exigen que el Ministerio del Interior muestre el informe realizado por una consultoría externa, Ernst & Young, en el que se cuantifica la equiparación salarial, firmada por este departamento y organizaciones de guardias civiles y policías nacionales. Piden al juez tener acceso al mismo.
«Si el Gobierno obstaculiza nuestra legítima actividad, no queda más remedio que venir a los juzgados y que sea el juez el que nos facilite el informe», ha manifestado el secretario general de la AUGC, Alberto Moya, a las puertas de los Juzgados de Plaza de Castilla.
Según recoge la denuncia, en el acuerdo del 12 de marzo de 2018 se establecen una serie de cláusulas, que a su vez, contienen diferentes hitos del proceso de equiparación salarial a completar en tres años, entre 2018 y 2020.
Informan que en una de esas cláusulas queda recogido el compromiso de la Secretaría de Estado de «contratar los servicios de una consultoría que fije criterios objetivos de análisis para garantizar que los 807 millones de euros suponen la equiparación salarial total y absoluta».
Estas asociaciones denuncian que el plazo máximo para la realización de los trabajos por la consultoría era de seis meses, y que ha expirado sin que se «haya trasladado todos los trabajos a las asociaciones profesionales de Guardias Civiles».
«Una de las cláusulas era que las asociaciones iban a participar en el acuerdo. Interior dice que ha echado para atrás los trabajos de la consultoría porque no se adaptaban, pero es que nosotros no los hemos visto», ha señalado a Confilegal Juan Fernández, secretario nacional de Comunicación de AUGC.
Las asociaciones AUGC, AEGC, ASES-GC, UO, UnionGC y APC también aluden a una información publicada por el diario El Independiente en la que se hace referencia a diversas reuniones entre responsables de la Secretaría de Estado de Seguridad y de Ernst & Young, «en términos que dan a entender que autoridades y funcionarios públicos presionaron a dicha empresa para cambiar las conclusiones que habrían alcanzado como consecuencia de sus trabajos con el fin de cambiar el resultado final de los mismos».
«Existen razones para pensar que las presuntas presiones han podido surtir efecto», señalan en un comunicado.
«Si esto fuera así, podríamos encontrarnos ante hechos protagonizados por autoridades y/o funcionarios públicos que, a sabiendas, impiden en este caso, a las asociaciones de guardias civiles y sindicatos policiales- el ejercicio de derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes», apuntan.
LAS DILIGENCIAS QUE PIDEN
Estas asociaciones piden que se tome declaración a Alicia de las Heras, del gabinete del secretario de Estado de Seguridad y responsable de Interior en la negociación, así como al redactor que firmó la información en la que se aludía a un presunto «maquillaje» en la consultoría.
Consideran que estas diligencias deberían practicarse «de forma urgente e inmediata para evitar la desaparición de elementos probatorios y para que la investigación no pueda verse perjudicada».
El Ministerio del Interior informó en el Consejo de la Guardia Civil del pasado 27 de marzo que había pedido una ampliación del informe solicitado a la consultora Ernst & Young, que tiene ahora que detallar en un plazo de 45 días de hábiles las cantidades puesto a puesto que deben percibir policías y guardias civiles para cumplir el acuerdo de equiparación en relación con los ‘Mossos d’Esquadra’.
Estas explicaciones no han «convencido» a las asociaciones, ya que «ni siquiera han podido comprobar por sí mismas lo que recoge dicho informe». Por ello, y ante estas presuntas irregularidades, los representantes de los guardias civiles han decidido denunciar al Gobierno para que se esclarezca esta situación.
Este acuerdo de equiparación con policías autonómicas fue firmado el 20 de marzo de 2018, siendo ministro del Interior Juan Ignacio Zoido. Su sucesor en el cargo, Fernando Grande-Marlaska, lo ha respetado en sus términos.
El acuerdo fija una subida de 807 millones de euros en tres años, desde 2018 a 2020, a la espera del citado informe externo.
Este año se llevará a cabo una subida de 250 millones a partir de la nómina de abril, aplicando para ello el Real decreto-Ley para la función pública aprobado en enero.
