La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dado la razón al Banco Santander y ha retirado su condición de investigado en la causa que investiga las actividades del Banco Popular.
La resolución corrige al juez instructor Luis Calama Teixeira, quien decidió imputar a la entidad financiera que preside Ana Botín al considerar que habiendo comprado el Popular, debía responder por la responsabilidad penal en que éste hubiera incurrido.
El auto analiza el artículo 130.2 del Código Penal sobre la transmisión de la responsabilidad entre sociedades en el que se basó Calama para adoptar su decisión y si bien opina que el legislador debió matizar su redacción.
La cuestión es que «el Banco Santander ninguna imputación ni responsabilidad penal tenía como consecuencia de los hechos que se investigan».
Defectos de organización
«No se pueden trasladar sin más a aquella los posibles defectos de organización de la entidad absorbida ni la existencia de una cultura de incumplimiento de la norma».
«Estos serían susceptibles de reproche penal porque de ser así, sí se estaría produciendo una vulneración del principio de personalidad de las penas y del de culpabilidad, ya que se haría responder a aquel por hechos ajenos en los que ninguna intervención dolosa ni culposa hubiera tenido».
