El exministro venezolano de Desarrollo Eléctrico Javier Alvarado Ochoa ha sido arrestado en Madrid por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía Nacional (UDEF) y hoy pasará a disposición de la Audiencia Nacional (AN).
El magistrado de la AN Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, investiga a este exmiembro del gobierno de Hugo Chávez en el marco de una causa que implica a la empresa de ingeniería Duro Felguera por presuntos pagos de comisiones y sobornos de este grupo asturiano a políticos de Venezuela.
El juez de la AN imputa indiciariamente presuntos delitos de corrupción internacional y blanqueo de capitales.
La investigación comenzó en 2015 a partir de un informe del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) que detectó «indicios de criminalidad» por pagos en una cuenta del ya extinto Banco Madrid, del que eran clientes los supuestos políticos sobornados.
También se investiga al exviceministro de Energía hasta 2006 en Venezuela Nervis Gerardo Villalobo y a su mujer Milagros Coromoto, entre otros.
Esta causa parte de una querella de Anticorrupción en la que se investiga la firma una serie de contratos con entidades y personalidades relacionadas con el Gobierno venezolano entre 2008 y 2011 para presuntamente encubrir el pago de comisiones o sobornos a funcionarios públicos venezolanos para favorecer los intereses de la empresa.
A través de tres contratos de prestación de servicios de asesoramiento y asistencia técnica con Técnicas Reunidas y con Ingeniería Gestión de Proyectos de Energía (Ingespre) -también querelladas por estos delitos-, los responsables de Duro Felguera habrían entregado al menos 105,62 millones de dólares (89,08 millones de euros) al entonces miembro del Ejecutivo de Hugo Chávez Nervis Villalobos, y también querellado, para que utilizase su capacidad de influencia en la Administración venezolana en beneficio de la compañía.
La empresa española firmó en 2009 un contrato con la venezolana C. A. Electricidad de Caracas (EDC), empresa pública filial de Corporación Eléctrica Nacional, para la construcción de la central de ciclo combinado de Termocentro, por un importe de más de 1.500 millones de euros.
El proyecto se enmarcaba dentro de los planes de la administración venezolana para atender el crecimiento de la demanda eléctrica de Caracas y su área de influencia.
Entonces el presidente de EDC era Javier Alvarado Ochoa, quien ocupó el cargo hasta 2010, cuando fue nombrado viceministro de Desarrollo Eléctrico.
Dos de los tres contratos denunciados por Anticorrupción fueron firmados el 3 de diciembre de 2008 en Caracas entre Técnicas Reunidas Terca y Duro Felguera, y en ellos intervinieron el venezolano Luis Barrios Melean y Francisco Martín Morales de Castilla (representando a Duro Felguera), contra quienes también se dirige la querella.
EL SUPREMO VENEZONALO AVALÓ EN NOVIEMBRE PEDIR A ESPAÑA SU EXTRADICIÓN Y LA DEL EXMINISTRO NERVIS VILLALOVOS
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela avaló el pasado noviembre pedir a España la extradición de Javier Alvarado Ochoa y del exviceministro de Energía Eléctrica Nervis Villalobos para que sean sometidos en territorio venezolano a un proceso penal por la presunta comisión de los delitos de corrupción pasiva simple, tráfico de influencias, legitimación de capitales y asociación.
Villalobos y Alvarado fueron imputados el pasado septiembre por la magistrada Canòlic Mingorance, del Juzgado de Instrucción número 1 de Andorra, junto a otras 26 personas por un presunto expolio de 2.000 millones de dólares a la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela, entre 2007 y 2012.
El exviceministro Villalobos fue detenido en Madrid a mediados de octubre de 2018 por supuesto lavado de dinero proveniente de sobornos de Petróleos de Venezuela en una promoción de viviendas unifamiliares en Marbella.
Este supuesto blanqueo lo habría realizado junto a otras tres personas por medio de la sociedad Columbus Properties One, con domicilio social en Madrid.
En la operación contra Villalobos se embargaron 115 inmuebles valorados en 60 millones de euros, entre los que se encuentran un hotel, una urbanización de lujo en Marbella y varios localizados en el madrileño barrio de Salamanca.
