La Audiencia Nacional (AN) ha acordado mantener en libertad al exmagistrado del Supremo peruano César Hinostroza mientras tramita su extradición, en contra del criterio de la Fiscalía.
El tribunal de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la AN entiende que las restricciones de libertad que tiene impuestas -retirada de pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias semanales-, son suficientes.
El auto del tribunal lo firman los magistrados Concepción Espejel Jorquera (presidenta), Ramón Sáez Valcárcel y Enrique López y López.
Además, los magistrados destacan que Hinostroza ha cumplido en todo momento con las medidas cautelares que se le han impuesto y ha acudido a todas las citas judiciales.
También han tenido en cuenta que hoy «ha acudido al tribunal con conocimiento de que podría reinstaurarse la medida (de prisión)», y en su opinión, este es «un indicador riguroso sobre su comportamiento futuro».
El Ministerio Público había pedido su ingreso de nuevo en prisión provisional una vez que el tribunal de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la AN diera luz verde el pasado lunes a la extradición a Perú, pero sólo por los presuntos delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible para un funcionario público.
No por los cargos de organización criminal que también presentó contra él la justicia peruana.
Hoy se ha celebrado la vistilla y el tribunal ha acordado mantenerle en libertad.
HINOSTROZA ESTÁ ‘PREOCUPADO’ POR SU ‘SITUACIÓN PERSONAL’
A su salida de la Audiencia Nacional, Hinostroza ha manifestado a los periodistas que está «preocupado» por su «situación personal».
Preguntado por la decisión del tribunal ha expresado: «La libertad es el bien más sagrado del ser humano después de la vida, y esta Sala ha considerado que debo seguir en libertad porque no he infringido ninguna regla de conducta».
Hinostroza, expresidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, fue suspendido el pasado julio a raíz de que unas informaciones periodísticas destaparan una presunta connivencia de magistrados, jueces y fiscales con políticos y empresarios, un escándalo que costó el cargo al ministro de Justicia y a la cúpula judicial de Perú.
Desde ese mes tenía prohibido salir de Perú. Sin embargo, el 7 de octubre huyó.
Hinostroza fue detenido en España 10 días después, en virtud de una orden internacional emitida por Perú, y el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata le envió a prisión provisional.
Allí estuvo hasta el pasado mes de abril, cuando se celebró la vista de extradición y fue puesto en libertad en espera de la resolución, dictada el lunes.
El tribunal explicó que ha excluido el presunto delito de organización criminal porque si bien la tipificación en el Código Penal peruano es similar a la del español, el relato de los hechos que hace la Fiscalía de aquel país no convence a la Sala de que exista una entidad como tal cuando señala que entre ellos hablaban «con palabras clave» o que cenaban juntos.
Destaca que «no parece que tales notas identifiquen una auténtica organización criminal, más allá de la familiaridad con la que se trataban los implicados, lógica habida cuenta la amistad que existía entre ellos y que obviamente puede ser el origen del prevalimiento en el tráfico de influencias, pero nada más».
Indica que si bien en principio se tuvo en cuenta a cinco integrantes de esa presunta organización criminal incluyendo a Hinostroza, el Pleno del Congreso de Perú archivó el asunto para los otros cuatro.
«Parece que el reclamado sería el jefe de una organización sin miembros», señala.
El Ministerio el Interior de Perú (Mininter) informó en octubre que la Organización Internacional de Policía Criminal activó la notificación de captura contra el exjuez Hinostroza por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias, negociación incompatible y organización criminal.
Indicó que «según la circular, a Hinostroza Pariachi se le imputa ser el líder de una organización criminal dedicada a realizar nombramientos y ratificaciones ilegales dentro del Poder Judicial, utilizando su alto cargo en este poder del Estado».
También «se le atribuye haber realizado coordinaciones ilícitas con el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para patrocinar a un juez en un proceso de ratificación», y «se le imputa, asimismo, haber apoyado de manera clandestina la mejora laboral de una funcionaria en la Corte Superior del Callao, y haber realizado negociaciones para la contratación incompatible de personal jurisdiccional en la segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Superior de Justicia».
