La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estudiará en una vista convocada para el lunes si es competente para enjuiciar el caso sobre el fichaje presuntamente inflado del jugador brasileño de fútbol Neymar da Silva o si, por el contrario, deben encargarse los tribunales catalanes.
El futbolista lleva procesado desde el año 2016 junto a sus padres y los que fueran presidentes del Barça y el Santos, Sandro Rosell y Odilio Rodriguez, respectivamente.
Asimismo, se prevé juzgar a ambos clubes como personas jurídicas y a la empresa familiar del delantero, N&N Consultoría Esportiva y Empresarial, por sus presuntas maniobras para inflar el coste del fichaje hasta los 83 millones de euros.
Mientras la acusación particular que ejerce el Grupo DIS solicitó seis años de prisión para el exjugador del Barça, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pide que sean dos años de cárcel y multa de diez millones de euros.
El Ministerio Público pide la pena más alta para Rosell, cinco años de cárcel por delitos de estafa y corrupción, así como solicita dos años para el padre del delantero azulgrana y uno para su madre, Nadine Gonçalves.
Mientras, Rodríguez se enfrenta a una petición de tres años.
MULTAS PARA LOS CLUBES
En cuanto a los clubes, a los que el Ministerio Público atribuye los dos delitos, solicita que el Barça abone una multa de 8,4 millones de euros.
A elladebe añadirse su parte de una indemnización de 3,2 millones en concepto de responsabilidad civil a pagar de forma solidaria junto a Rosell, el presidente del Santos y el propio club brasileño como persona jurídica.
El equipo de Brasil tendría que abonar, por su parte, una multa de 7 millones y N&N, 1,4 millones.
El fiscal del caso, José Perals, no ve, sin embargo, que existan indicios delictivos que apunten a la participación del actual presidente del Barça, Josep María Bartomeu, en las presuntas irregularidades, por lo que le deja fuera de su acusación.
DIS, por su parte, pide cinco años de prisión para él.
Las negociaciones para la contratación de Neymar, lideradas en 2011 por Rosell, alteraron, según Fiscalía, el libre mercado del fichaje de futbolistas y perjudicaron al fondo DIS.
DIS se vio privado de la posibilidad de que el jugador entrase en el mercado conforme a las reglas de la libre competencia «y pudiera obtener una mayor cantidad económica por el traspaso».
El fiscal cifra el dinero ‘real’ abonado por el fichaje en 83 millones de euros y calcula que como consecuencia de la dinámica desplegada en la contratación, DIS dejó de percibir 10 millones de euros, por lo que debería ser indemnizada con 3,2 millones.
