La Fiscalía General del Estado ha remitido un informe al Ministerio de Justicia dejando clara su preocupación sobre los abusos sexuales a menores por parte de miembros de la Iglesia.
El escrito tiene por objeto dar contestación a la petición de información formulada al amparo del art. 9.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en relación a las diligencias en curso que tuvieran por objeto determinados supuestos de delitos de agresiones y abusos sexuales sobre menores de edad.
La solicitud de información se contextualiza, por un lado, en los trabajos de elaboración del Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, y, por otro, en la realidad delincuencial.
Consideran que esta está constatada en los medios de comunicación y en diversos y numerosos procedimientos judiciales, de conductas de esta naturaleza que han tenido lugar en el seno de instituciones de carácter religioso.
Este escrito por parte de la Fisacalía constituye la primera reacción de los poderes públicos al creciente número de casos del pasado que están emergiendo en los últimos meses.
La Fiscalía sí detecta una alarma social y hace sus valoraciones.
El escrito detalla que el trabajo diario del Ministerio Público sobre estos casos ha podido constatar las tremendas dificultades que encuentran para detectar estos casos cuando los abusos sexuales se producen en el seno de la Iglesia o de colegios religiosos, por tratarse de entornos muy opacos.
Intervención o filtro previo pro parte de la Iglesia
Esto lleva a la Fiscalía General del Estado a recomendar que las personas que tengan conocimiento de algún caso de abuso de menores acudan inmediatamente, y en primer lugar, a las autoridades, y no a la Iglesia.
Otro punto importante es que aconseja denunciarlo en la Fiscalía o a los departamentos de protección a la infancia de las comunidades autónomas, para evitar una intervención o un filtro previo de las instituciones religiosas.
Por su parte, la Conferencia Episcopal se sigue negando a investigar los casos del pasado, solo admite examinar las denuncias que se presenten caso por caso y, además, traslada la responsabilidad a cada diócesis.
La Fiscalía sostiene que «los datos expuestos revelan una realidad criminal de indudable gravedad pues con independencia de los números, este tipo de conductas recaen sobre personas especialmente vulnerables, como son los menores de edad».
Además, añaden que «lesionan bienes jurídicos eminentemente personales de singular relevancia y provocan secuelas y efectos duraderos en los niños y las niñas que los sufren. De ahí el compromiso del Ministerio Fiscal en una eficaz respuesta frente a estos delitos».
