El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, se ha inhibido en favor de la Audiencia Nacional en la investigación contra varios antiguos altos cargos del Gobierno de Hugo Chávez.
Entre ellos se encuentra el exviceministro de Energía Nervis Villalobos, por supuesta «defraudación y/o apropiación» de fondos de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y otras empresas públicas venezolanas.
La causa tiene su origen en una denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción y se investigan presuntos delitos de soborno a funcionarios venezolanos, prevaricación, corrupción en las transacciones económicas internacionales, o administración desleal.
También se investigan los delitos de estafa y contra la Hacienda Pública, según consta en el auto de inhibición, adelantado por El Español y al que ha tenido acceso Europa Press.
La denuncia se presentó en un principio en la Audiencia Nacional, pero se derivó después a los Juzgados de Instrucción de Madrid.
Tras dos años de investigaciones, en los que se han acumulado varias causas relacionadas, el magistrado se ha inhibido a favor de la Audiencia Nacional.
Considera haber detectado «actos de blanqueo de capitales fundamentalmente a través de una estructura de carácter transnacional» llamada Grupo Swissinvest, controlado por Ralph Steinmann, Fernando Vuteff y José Vicente Amparán, los tres investigados.
Atendiendo al criterio de la Fiscalía Anticorrupción, el juez instructor de Madrid considera que los hechos que se investigan «se han ampliado».
Y que se han detectado «diferentes operaciones de blanqueo canalizados en el extranjero y por sociedades domiciliadas en el extranjero», de modo que los presuntos delitos son competencia de la Audiencia Nacional.
FUNCIONARIOS Y EMPRESARIOS
La organización investigada se estructura a partir de un reparto de papeles entre sus miembros.
Esta funciona en atención a la condición de funcionarios que algunos de los investigados tenían y desempeñaban en la compañía Bariven –ilial de PDVSA– y la propia PDVSA, que «les confería la competencia de emitir decisiones a favor de los demás querellados».
La otra ‘pata’ de la organización son los «empresarios que se veían beneficiados por la actuación prevaricadora de los funcionarios, malversando el patrimonio de los venezolanos».
Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, esta causa acumula ya una veintena de investigados, entre ellos Villalobos y su esposa, el que fuera también ministro de Desarrollo Eléctrico venezolano Javier Alvarado Ochoa, el exjefe de seguridad de PDVSA Rafael Reiter.
El instructor considera a Nervis Villalobos «pieza esencial de un superior engranaje de defraudación y/o apropiación del patrimonio de PDVSA y otras empresas públicas de Venezuela como Corporación Eléctrica S.A» que se servía del ya citado Grupo Swissinvest para blanquear los fondos.
El exviceministro habría usado esta estructura societaria para invertir 26,9 millones de euros en activos financieros de Uldono Ltd, así como 4,3 millones en «un supuesto bono» de la británica Leanor Invest.
En España se crearon «complejos entramados societarios» de inversión inmobiliaria como la adquisición de fincas en Marbella y Madrid.
INVESTIGACIÓN EN EEUU
El juez se basa en parte en la documentación aportada por el financiero portugués Hugo André Ramalho Góis, imputado por supuestamente manejar los fondos para Nervis Villalobos y así llevar a cabo el blanqueo de los mismos y está reclamado por Estados Unidos.
Villalobos está también investigado en ese país por presuntos delitos de «conspiración para cometer blanqueo de dinero».
Además de «conspiración para violar la Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero», motivo por el cual las autoridades norteamericanas emitieron una orden internacional de detención en octubre de 2017.
Según la acusación del juez del Distrito Sur de Texas, el exviceministro siguió «ejerciendo influencia» dentro de PDVSA tras dejar de trabajar para el Gobierno venezolano.
Participando de esa manera en una «conspiración con un grupo de funcionarios de alto nivel» a través del pago de sobornos y mordidas por parte de «varios contratistas e incluso vendedores que tenían su negocio en Estados Unidos».
Entre esos contratistas están los investigados en la causa del juzgado de Madrid Roberto Enrique Rincón Fernández y Abraham Shiera Bastidas, que a su vez ya fueron acusados en EEUU y se declararon culpables de los delitos relacionados con los papeles que desempeñaron en la conspiración.
BLANQUEO CON TRANSACCIONES FINANCIERAS
Rincón y Shiera «usaron a Villalobos y a uno de sus cómplices como intermediarios para comunicarse con los funcionarios de PDVSA».
Y después «Villalobos y sus cómplices blanquearon las ganancias del ardid de soborno a través de una compleja serie de transacciones financieras», según consta en la orden internacional de detención.
El juez destaca en su auto que entre los documentos intervenidos en el domicilio de Villalobos, en Alcobendas, se hallaron dos –de los que se desconoce su autor– que le vinculan con estas operaciones y acreditan que al menos el exviceministro chavista conocía la operativa de los sobornos en PDVSA.
Pero es que además, Villalobos está procesado en Andorra por «haber movido millones de euros en Banca Privada de Andorra con origen en el fraude y la corrupción en Venezuela basada, entre otros hechos, en el sistema de cambio de divisa».
En el domicilio de Alcobendas también se halló documentación al respecto, según la cual el exviceministro habría recibido 55,6 millones de euros en comisiones ilegales de Violet Advisors y Welka Holding por la obtención de los fondos de PDVSA.
