La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al juez que prohíba la celebración del ‘Ospa Eguna’ en la localidad navarra de Alsasua.
La fiesta está prevista para el próximo 31 de agosto y que la Asociación de la Guardia Civil JUCIL ha pedido impedir por considerar que se trata de una manifestación de odio hacia el Instituto Armado.
Según informan en fuentes jurídicas a Europa Press, la Fiscalía ha dado ya traslado al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, que se encuentra en funciones de guardia, de su informe para solicitar que se prohíba el ‘Ospa Eguna’.
Esta conmemoración, promovida por colectivos sociales y que pide la expulsión de la Guardia Civil fuera de Navarra y del País Vasco.
Se celebra desde el año 2010 sin que gobiernos de distinto signo lo impidiesen, como ha destacado precisamente la presidenta navarra María Chivite este jueves preguntada por la denuncia.
Cabe recordar que en la localidad de Alsasua fueron agredidos en 2016 dos guardias civiles y sus novias por un grupo de personas condenadas en la Audiencia Nacional a penas de entre dos y 13 años por las lesiones causadas con el agravante de odio hacia la Benemérita.
La Fiscalía cree que el «Ospa Eguna» responde al «objetivo táctico» de ETA de echar de Navarra a la Guardia Civil
La Fiscalía de la Audiencia Nacional cree que los actos del «Ospa Eguna» se alinean con el «objetivo táctico» de ETA de expulsar a la Guardia Civil del País Vasco y Navarra y pide por ello que se prohíba la celebración de los actos previstos este sábado en la localidad de Alsasua.
Consideran que solo buscan «generar un ambiente de presión y hostilidad» contra el Instituto Armado y humillan a las víctimas de la banda terrorista.
Así se lo ha trasladado el Ministerio Público este jueves al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, en funciones de guardia, tras la denuncia recibida de la asociación de guardias civiles JUCIL.
Estos reclamaban la prohibición de esta conmemoración que en Castellano se traduce como «Día del Adiós» y que desde el año 2010, reivindica la retirada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las comunidades de Navarra y País Vasco.
«Dicha expulsión es una reivindicación que históricamente ha llevado a cabo la organización terrorista ETA y que en la actualidad se sigue llevando a cabo por cierto sector de la izquierda abertzale«, recuerda el Ministerio Público.
En el escrito, difundido parcialmente este jueves, la Fiscalía argumenta que «el acto trata de conseguir el objetivo táctico de la banda terrorista ETA» y lo engloba en el movimiento ‘Alde Hemendik’.
Este está concebido en origen «como una dinámica global que abarcaba los territorios de la comunidad autónoma del País Vasco y la comunidad Foral de Navarra aunque en la actualidad se ha deslocalizado, recibiendo nombres diferentes en función de los grupos locales que los organizan».
«En lo que se refiere al aspecto terrorista de los hechos, estos ataques públicos al Cuerpo de la Guardia Civil como uno de los estamentos más duramente castigados por la acción criminal de la organización terrorista ETA conlleva además un envilecimiento y una humillación contra las víctimas de dicha organización», razona la Fiscalía, en relación tanto a los propios agentes y sus familias y demás afectados como a los daños materiales sufridos a consecuencia de los numerosos atentados.
En su opinión, la finalidad del acto «no es otra que generar un ambiente de presión y hostilidad sobre los miembros de la Guardia Civil, generando un clima de terror entre sus componentes destinados en las Comunidades Autónomas de Navarra y el País Vasco».
«Hasta conseguir su aislamiento social y su expulsión» ya que los organizadores consideran que se trata de «fuerzas de ocupación del Estado español».
LOS AGENTES, «VULNERABLES» A UN ATAQUE INDIVIDUAL
En este sentido, incide en que si bien la Guardia Civil como Cuerpo dispone de «mecanismos de defensa fuertes».
No es el caso del agente como sujeto, que es «vulnerable al ataque individual en el desarrollo de su actividad privada en localidades como Alsasua que han sido feudos del ámbito más radical de la izquierda abertzale durante años».
«El señalar y hostigar a una familia en concreto, o a guardias civiles que, por razones de su destino, desarrolla su vida cotidiana en esa población navarra, incita al resto de la población a aislarlos socialmente para no resultar estigmatizado ni sufrir el mismo aislamiento que los guardias civiles».
Solicita así que se prohíba el acto «por ser inicialmente constitutivo de delito, cuyo previo conocimiento exige impedir a tiempo su iniciación y desarrollo».
Y que se comunique al Departamento de Interior del Gobierno de Navarra la necesidad de adoptar las medidas necesarias para impedir la celebración, prevenir la comisión de delitos e identificar y poner a disposición judicial a las personas que, vulnerando tal prohibición, realicen actuaciones que revistan «siquiera indiciariamente» caracteres de delito. EP.
