Cinco exalcaldes de municipios madrileños investigados dentro del ‘caso Púnica’ -tres del PP, uno del PSOE y otro de un partido independiente- podrían haberse repartido presuntamente un millón de euros con contratos millonarios «amañados» de eficiencia energética, cuyo dinero retornaba a los responsables políticos que habían impulsado las licitaciones.
Así lo explica el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón en el auto por el que reordena la pieza separada sobre el fraude de los contratos a Cofely de la investigación.
El magistrado enumera los entonces alcaldes ‘populares’ y del ‘PSOE’ que presuntamente recibieron mordidas.
Según explica, «el exalcalde de Moraleja de Enmedio Carlos Alberto Estrada (PP) supuestamente recibió 30.000 euros; el exregidor de Alcalá de Henares Bartolomé González (PP), 60.000 euros; el de Serranillos del Valle de aquella época, Antonio Sánchez, (entonces del partido independiente UDMA), había pedido 25.000; el de entonces Collado Villalba, Agustín Juárez (PP), tenía comprometidos otros 400.000; el de Parla, José María Fraile (PSOE), pactó 500.000, y en Almendralejo (Extremadura) iban a repartirse supuestamente otros 180.000, por ejemplo».
«El propio Marjaliza confesó que repartió personalmente el dinero que Cofely pagó a sus empresas instrumentales entre esos y otros cargos públicos», agrega.
ASÍ OPERABA LA TRAMA, SEGÚN EL JUEZ
El magistrado detalla cómo operaba la trama para presuntamente amañar contratos con ayuntamientos de toda España.
«Estos contratos incluían cláusulas que obligaban a la compañía a abonar partidas sospechosas a terceras empresas», señala y añade que supuestamente eran gastos generados por «los trabajos que había necesitado el departamento de ‘back office’ para poder llegar a ganar esa adjudicación» y que eran «conceptos ficticios» con «la finalidad de desviar fondos de la adjudicación».
Las ‘auditorías’ eran abonadas a Ruta Energética, vinculada a David Marjaliza, y a Consultoría Lumínica, de un tercer proveedor que esos fondos que salieron de Cofely, mediante «facturas falsas justificadas por capítulos ficticios».
Esto, según el magistrado, sirvió para que parte del dinero de los contratos de eficiencia energética adjudicados por «los ayuntamientos retornara a los mismos responsables políticos que habían impulsado las licitaciones».
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