El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha acordado posponer al 10 de octubre la declaración del BBVA en calidad de persona jurídica investigada por los contratos con las empresas del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo.
Según informan a Europa Press en fuentes jurídicas, el aplazamiento obedece a problemas de agenda, dado que el juez tiene que realizar un viaje a Argelia para practicar diligencias de investigación y estará fuera el 24 de septiembre, cuando había citado a la entidad.
El BBVA está investigado en la novena pieza separada de la macro causa Tándem por los contratos que durante 13 años y por importe superior a los 10 millones de euros habría suscrito con las empresas de Villarejo para tareas diversas.
En concreto, la entidad financiera está investigada por presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios por unos encargos que van desde supuestas tareas de espionaje para frustrar la entrada en el banco de la constructora Sacyr, hasta frenar la supuestas extorsión de una asociación de consumidores pasando por analizar la situación de morosos como Martinsa o Prasa.
Hasta la fecha, una decena de altos cargos del banco cuando se celebraron esos contratos han sido llamados a declarar como investigados en la Audiencia Nacional.
Incluido el que fuera CEO de la entidad, Ángel Cano, y el otrora jefe de Seguridad, Julio Corrochano, de quien se presume era el interlocutor de Villarejo y para quien el juez impuso una fianza de 300.000 euros.
Asimismo, están investigados su sustituta en el cargo, Inés Díaz Ochagavia; el jefe de grupo en el equipo de Seguridad del banco Nazario Campo Campuzano; el director de Red Banca Comercial en la entidad Ignacio Pérez Caballero.
También el que fuera jefe de Riesgos para España y Portugal y después responsable de BBVA Real Estate Antonio Béjar González, el miembro hasta 2018 del Comité de Dirección Ricardo Gómez Barredo y a su ex director de Finanzas, Javier Malagón Navas.
SE RETOMA KITCHEN, SE SUSPENDE PIT
No es el único cambio en la agenda de declaraciones de esta macrocausa. La defensa de la naviera Pérez y Cía, imputada como persona jurídica en relación a la pieza ‘Pit’, ha solicitado un aplazamiento por problemas de agenda.
Debía comparecer el 25 de septiembre en relación al pago de hasta 7,4 millones de euros a las empresas de Villarejo para frustrar una causa de corrupción en Guatemala y la extradición que pudiera conllevar de su presidente, Ángel Pérez Maura.
Entre tanto, se reactiva la pieza ‘Kitchen’, que investiga el presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas a cargo de miembros de la policía y costeado con fondos reservados para, sin tutela judicial, sustraerle documentación sensible del partido que obraba en su poder.
Este martes han sido llamado de nuevo como testigos Miguel Ángel Bayo Herranz, el facultativo de la Dirección General de la Policía que se encargaba de trasladar los fondos reservados del Ministerio del Interior a la Dirección Adjunta Operativa.
Y los adjuntos a la DAO Manuel Benavides y Felipe Lacasa, según avanzó eldiario.es y ha confirmado Europa Press en fuentes jurídicas.
Todos prestaron declaración sobre este asunto el pasado mes de febrero y mantienen su condición de testigos. Bayo llevaba una contabilidad de los fondos reservados que iba suministrando a la DAO.
En cuanto a los adjuntos, se trata de los dos lugartenientes del Director Adjunto, Eugenio Pino, que era el número dos de la Policía en el Gobierno de Mariano Rajoy y a cuyo abrigo se habría desarrollado el supuesto espionaje a Bárcenas.
Además, este martes se espera comparezca en calidad de perjudicado el empresario marbellí Felipe Zotano, cuya denuncia en Anticorrupción motivó la apertura de la pieza separada número 8 que investiga la extorsión a la que fue sometido por una mujer que encargó el ‘trabajo’ a la red de Villarejo.
VILLAREJO PIDE VIDEOCONFERENCIA
El 11 de septiembre es el propio Villarejo quien ha sido convocado en calidad de investigado precisamente por esa supuesta extorsión.
La última vez que declaró fue en la propia cárcel, a la que se trasladaron los fiscales y el juez, en atención a problemas de salud incompatibles con los traslados desde Estremera a la Audiencia Nacional.
Ahora ha solicitado intervenir por videoconferencia y está a la espera de que resuelva el juzgado, según las fuentes consultadas por Europa Press.
Tras él están citados su socio en las mercantiles con las que facturaba sus ‘servicios’, Rafael Redondo, el abogado que trabajaba en una de ellas David Macías y Marzena Katarzina Nikiel, imputada por ese ‘proyecto’ contra el empresario de Marbella, todos el mismo día 11 y por presuntos delitos de cohecho y/o revelación de secretos. EP.
