El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy que el Ejecutivo enviará un requerimiento a la Mesa del Parlamento catalán por estar promoviendo un tipo de resoluciones políticas que profundizan en la «fractura» de la sociedad catalana.
Se ha pronunciado así en relación a las resoluciones aprobadas la semana pasada por la mayoría independentista de la Cámara catalana que defienden la «legitimidad de la desobediencia civil e institucional» para defender «derechos civiles, políticos y sociales», reclaman la salida de la Guardia Civil de Cataluña y acuerdan pedir la amnistía de los separatistas presos si son condenados por el ‘procés’.
El Gobierno también impugnará estas resoluciones ante el Tribunal Constitucional, como ya informó aquel mismo día en el que se aprobaron.
Sánchez, que ha hecho este anuncio en una entrevista en la Cadena Ser, ha pedido a los independentistas que dejen de jugar con fuego porque en el momento en que se sitúen fuera de la legalidad, el Gobierno no dudará en adoptar «medidas extraordinarias».
El presidente ha recalcado, en esta jornada en la que se cumple el segundo aniversario del referéndum ilegal del 1-O, que si el autogobierno se sitúa «fuera de la legalidad» es obligación del Gobierno de España restituirlo.
Ha señalado que no quiere llegar al «extremo» de tener que aplicar el artículo 155 en Cataluña, pero ha aclarado que si se ve obligado a ello, no supondrá «ningún problema» que el Ejecutivo se encuentre en funciones.
Ha contado que el Gobierno ha estudiado si estando en funciones podría proponer la aplicación del 155 y que la respuesta obtenida es que no habría ningún problema de constitucionalidad ni proporcionalidad porque el Senado, a través de la Diputación Permanente, mantiene «plenas capacidades».
Sánchez también ha admitido la gravedad de ver al presidente catalán, Quim Torra, «amparar» algunas de las actuaciones de miembros de los CDR.
«Esto nos ha parecido grave. No amenazamos, advertimos», ha apuntado.
También ha dicho que si en las próximas semanas o meses su Gobierno se ve obligado a adoptar medidas extraordinarias en aplicación del principio de «firmeza democrática», buscará la «unidad» de los partidos y garantizará que la respuesta sea proporcional al hecho que la provoca.
«No somos un Gobierno que quiera exagerar la situación ni echar más gasolina al fuego», ha señalado el presidente, que espera que una vez que se conozca la sentencia del Tribunal Supremo sobre el ‘procés’ esta crisis vuelva al «territorio de la política».
Preguntado por la petición del PP de que aplique la Ley de Seguridad Nacional en Cataluña, el presidente ha respondido que hoy por hoy confía plenamente en los ‘Mossos d’Esquadra’.
Considera que la «coordinación técnica» de los ‘Mossos’ con la Policía, la Guardia Civil y la Delegación del Gobierno en Cataluña es «extraordinariamente positiva».
LAS RESOLUCIONES APROBADAS
La Cámara catalana aprobó el pasado 26 de septiembre con los votos a favor de JxCat, ERC y la CUP, y la abstención de los comuns, una resolución presentada por JxCat y ERC que pide «la retirada de Cataluña de los efectivos de la Guardia Civil», así como la dimisión de la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera.
Otra resolución aprobada el pasado jueves, y registrada por JxCat, ERC y la CUP, expresa el compromiso del Parlamento catalán para trabajar para conseguir la amnistía de los separatistas presos si son condenados en la sentencia del juicio del 1-O. Salió adelante con los votos de sus promotores.
Reivindica la «legitimidad de la desobediencia civil e institucional» para defender «derechos civiles, políticos y sociales.
Con esta resolución, el Parlamento catalán también se conjura para«liderar una respuesta institucional a la sentencia» si es condenatoria, «basada en el respeto, garantía y defensa de los derechos fundamentales cívicos y políticos, las libertades y el ejercicio del derecho de la autodeterminación».
Además, se aprobó una resolución de la CUP, que contó con el apoyo de JxCat y ERC, que reivindica el 1-O como un «referéndum legítimo y legal». Esta moción fue cuestionada por los letrados del Parlamento catalán porque incluía, además, referencias a resoluciones independentistas tumbadas por el Tribunal Constitucional.
Aquel mismo día, en la Junta de Portavoces también se aprobaron dos declaraciones a favor de los siete CDR encarcelados. Contaron con el rechazo de Cs, el PSC y el PP.
El texto de JxCat, ERC y Comuns señala una «campaña de criminalización» del movimiento independentista, en lo que aseguran es un intento de equipararlo con el terrorismo, rehúsa de forma explícita la violencia y se reafirma en las vías democráticas para lograr objetivos políticos legítimos.
Rechaza la operación impulsada por la Audiencia Nacional y la Guardia Civil, así como las «vulneraciones contra los derechos fundamentales»como el derecho a la presunción de inocencia de los siete miembros de los CDR que han ingresado en prisión incondicional.
Habla de «deriva represiva y autoritaria del Estado», reafirma el compromiso del Parlamento catalán con la libertad, la democracia y la defensa de los derechos civiles.
Tras aprobarse esta declaración en la Junta de Portavoces, el presidente catalán, Quim Torra, la suscribió.
«Nos quieren hacer caer en provocaciones. Nos quieren desmovilizar. Nos quieren atemorizar. No lo conseguirán. Suscribo la declaración de la Junta de Portavoces del Parlamento, aprobada con los votos de JxCat, ERC, En Comú Podem y la CUP», publicó en Twitter.
Ens volen fer caure en provocacions. Ens volen desmobilitzar. Ens volen atemorir. No ho aconseguiran.
Subscric la declaració de la Junta de Portaveus del Parlament, aprovada amb els vots de @JuntsXCat @Esquerra_ERC @EnComu_Podem i @cupnacional pic.twitter.com/BBkDb6Vvlq
— Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) September 26, 2019
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