El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad de la Resolución 298/XII, de 7 de marzo, del Parlamento de Cataluña, de creación de la llamada Comisión de Investigación sobre la Monarquía.
Dicha Comisión fue aprobada el 7 de marzo de este año por el parlamento autonómico catalán con el apoyo de apoyo de JxCat, ERC, comunes y CUP y la oposición de PSC, PP y Ciudadanos, que instó al Gobierno de Pedro Sánchez a llevarla ante el Tribunal Constitucional.
Sánchez promovió dicha impugnación invocando el artículo 161.2 de la Constitución que dice: «El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses».
Y el Constitucional ha respondido declarando «la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad de la Resolución 298/XII, de 7 de marzo de 2019, del Parlamento de Cataluña, de creación de la ‘Comisión de Investigación’ sobre la Monarquía.
De acuerdo con la propuesta de resolución suscrita por los cuatro grupos, la comisión buscará «investigar las actividades delictivas o irregulares de personas vinculadas a la Familia Real, incluidas las destinadas a forzar el traslado del domicilio social de bancos, grandes empresas y multinacionales fuera de Cataluña tras el 1-O».
E investigar las «presuntas cuentas irregulares» del Rey Emérito Juan Carlos I «en Suiza y otros paraísos fiscales a nombre de terceras personas», a partir de las grabaciones de la amiga del rey emérito Corinna zu Sayn-Wittgenstein.
