El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama comienza este miércoles la ronda de declaraciones de investigados por las irregularidades que llevaron a la quiebra del Banco Popular con la comparecencia del expresidente de la entidad Emilio Saracho.
Las citaciones se producen después de que se practicaran una serie de diligencias como el informe del Banco de España y de la Comisión Nacional Mercado de Valores (CNMV) sobre la situación del Banco Popular.
En 2016 el Popular llevó a cabo una ampliación de capital por 2.505 millones de euros, que se justificaron en la obtención de importantes beneficios y cobro de dividendos. Por ello, el juez investiga tanto a Saracho como su antecesor Ángel Ron, así como a sus consejos de administración.
Saracho, que sustituyó a Ron a partir de febrero de 2017, será el primero de los querellados que acuda a la Audiencia Nacional para declarar ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4.
A este le seguirá el exvicepresidente Roberto Higuera, quien está llamado día 8 de octubre, y el exconsejero delegado Francisco Gómez Martín, que deberá acudir a la sede judicial el 15 del mismo mes.
Ángel Ron defendió todo el tiempo la situación «inmejorable» del banco
Las citaciones para el mes de octubre concluirá el 30 de octubre, turno para Ángel Ron, presidente del Banco entre los años 2006 y 2017, quien defendió todo el tiempo la situación «inmejorable» del banco y se vendió una imagen de solvencia económica y patrimonial.
Asimismo, el magistrado ha previsto un intenso calendario entre los días 12 y 27 de noviembre, y después en diciembre, con una decena de exconsejeros que estuvieron al frente de los consejos de administración de también en esta causa.
Es la primera ronda de interrogatorios de investigados que se produce desde que la Audiencia Nacional comenzase a acumular querellas y denuncias por la quiebra del banco en 2017.
Además, se ha acordado una vez que la Sala de lo Penal decidió a finales del pasado mes de abril que el Banco Santander, que compró en al Popular por el precio simbólico de un euro, no puede estar imputado, de cara a la posible responsabilidad penal en la que hubiera podido incurrir tras asumir la deuda de la entidad extinta.
