La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha aceptado asumir la causa contra los altos cargos, funcionarios y empresarios venezolanos investigados por integrar una organización criminal para el saqueo de Petróleos de Venezuela (PDVSA).
También estaban involucradas otras empresas públicas en el proceso que se venía siguiendo en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.
En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la instructora asume el argumentario de la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó la inhibición al juzgado ordinario por tratarse de delitos de organización criminal para la comisión de actos de corrupción y defraudación realizados en Venezuela.
También se realizó en otros países, cuyos beneficios estarían aflorando en parte en España, donde residen además, varios de los imputados.
«La organización se estructura a partir de un reparto de papeles entre sus miembros, en atención a la condición de funcionarios que algunos de los investigados tenían y desempeñaban en la compañía Bariven (filial de PDVSA) y la propia PDVSA».
Ahí se refiere particularmente Alvarado Ochoa, actualmente con nacionalidad española, y el jefe de seguridad de la petrolera, y Rafael Reiter, que les confería la competencia de emitir decisiones en favor de los demás querellados, expone la juez.
Otra parte de los investigados son los empresarios que se veían beneficiados de la «actuación prevaricadora de los funcionarios, malversando en patrimonio de los venezolanos».
Sin embargo, conforme detalla el auto, falta por determinar y es objeto de la investigación, qué personas físicas y jurídicas integran cada «estrato» de la organización.
Aflora en bienes e inmuebles en España
Dice que, en todo caso «los beneficios ilícitos obtenidos por la organización criminal con la comisión de los delitos precedentes de defraudación, falsificación, información privilegiada y corrupción fueron al menos en parte, blanqueados en España mediante la adquisición de bienes inmuebles y la creación de sociedades patrimoniales».
Además, Tardón incluye como objeto de la investigación «una nueva operativa de blanqueo» mediante una estructura transnacional, el Grupo Swissinvest.
«Este está siendo utilizado para realizar actos de blanqueo de capitales tanto en España como a nivel internacional para aflorar capital procedente de delitos de corrupción cometidos por los máximos directivos» de PDVSA.
Más de una veintena de investigados
La causa suma así más de una veintena de investigados entre personas físicas como el ex viceministro de Energía Nervis Villalobos y su esposa.
También los mencionados Alvarado Ochoa y Reiter, o los responsables de Swissinvest Luis Fernando Vuteff, José Vicente Amparán y Ralph Steinmann, quienes han creado en España «sociedades de inversión inmobiliaria con fondos obtenidos de las inversiones realizadas por venezolanos».
La jueza menciona a otros dos de los principales investigados, los contratistas Enrique Rincón y Abraham Shiera, dos de los máximos responsables de esta presunta organización criminal que están investigados en EEUU.
Estos reconocieron ante la justicia del Distrito Sur de Texas «haber pagado sobornos a través de comisiones ilícitas» a exempleados de Bariven para conseguir adjudicaciones públicas. Señalaron, entre otros, a Alfonso Graviña, Christian Maldonado y José Luis Ramos, todos investigados.
En aquel procedimiento americano se han declarado culpables de blanqueo de capitales y conspiración derivada de estas conductas también Alfonso Eliezer Graviña, Christian Javier Maldonado Barillas y José Luis Ramos Castillo, conforme recuerda la instructora, que asume ahora la causa.
