La Fiscalía General del Estado ha ordenado este martes a la Fiscalía catalana que abra una investigación por desobediencia en la actuación de la Mesa del Parlament catalán por la tramitación de la moción de la CUP sobre la autodeterminación.
En un comunicado, la Fiscalía General del Estado que dirige María José Segarra ha informado de que ha instado la incoación de diligencias de investigación «a fin de valorar la posible trascendencia penal» de las decisiones adoptadas por la Mesa del Parlament durante las últimas semanas y hasta el día de hoy.
Todo ello en el contexto de los incidentes de ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional sobre las mismas.
Este anuncio se produce después de que el tribunal de garantías haya realizado hasta cuatro advertencias al presidente del Parlament catalán, Roger Torrent, para el cumplimiento de la ley.
Este mismo martes, el Pleno del TC ha suspendido los acuerdos que permitieron la tramitación de la moción de la CUP que pide que la Cámara reitere «su voluntad de ejercer de forma concreta el derecho a la autodeterminación y de respetar la voluntad del pueblo catalán».
No obstante, a pesar de haber adelantado su hora de reunión, no ha podido evitar que a esa misma hora se estuviera realizando la votación de la iniciativa en la cámara autonómica, donde ha resultado aprobada con los votos de JxCat, ERC y la CUP y la abstención de los comunes.
Concretamente, el tribunal de garantías ha acordado por unanimidad admitir a trámite el incidente de ejecución de sentencia presentado por el Gobierno de España contra los acuerdos de la Mesa del Parlament de Cataluña de 29 de octubre y 5 de noviembre de 2019 y ha suspendido su vigencia.
La Mesa del Parlament tramitó esta moción el 29 de octubre pese a las advertencias del TC en las últimas semanas.
En estas, se ha avisado de la responsabilidad penal en la que pueden incurrir al tramitar propuestas contrarias a las resoluciones del tribunal, como las que hacen referencia a la autodeterminación.
RECHAZARON LAS RECONSIDERACIONES DE PSC, CS y PP
El acuerdo del 29 de octubre suponía admitir una moción de la CUP y en el se expresa la «voluntad de ejercer de forma concreta el derecho a la autodeterminación y de respetar la voluntad del pueblo catalán».
En el Acuerdo de 5 de noviembre de 2019 se rechazan las solicitudes de reconsideración presentadas por los Grupos Parlamentarios Socialistes y Units per Avançar y Ciudadanos y el Subgrupo Parlamentario Popular.
El Gobierno señalaba en sus recursos que ambos acuerdos contravienen directrices anteriores del TC.
Por otro lado, y también a petición del Gobierno, el TC acuerda notificar personalmente al presidente del Parlament, Roger Torrent i Ramió; al secretario general Xavier Muro i Bas; y a los miembros de la Mesa Josep Costa i Rosselló, Joan García González, Eusebi Campdepadrós i Pucurull, David Pérez Ibáñez, Laura Vílchez Sánchez y Adriana Delgado i Herreros».
A todos «se les advierte de su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir».
El Tribunal también requiere al Parlamento de Cataluña que, en un plazo de tres días, remita el acta de la sesión de la Mesa de 29 de octubre así como los informes y documentos relativos al citado Acuerdo.
También deberá enviar el acta de la Mesa del 5 de noviembre junto con los informes, si existen, y la resolución sobre la solicitud de reconsideración formulada por los Grupos Parlamentarios de Ciudadanos, Socialistes y Units per Avançar y el Subgrupo Parlamentario Popular.
Una vez que el Tribunal reciba los documentos solicitados, dará traslado de los mismos al Ministerio Fiscal y al Parlamento de Cataluña para que formulen las alegaciones que estimen procedentes.
