La Audiencia Nacional estudia este miércoles en una vista pública la petición de extradición formulada por el Gobierno de Venezuela contra un joven, Enzo Franchini, al que acusa de la muerte de otro que fue apuñalado y quemado vivo durante una manifestación en Caracas contra el régimen de Nicolás Maduro en mayo de 2017.
Tres magistrados de la Sección Primera de la Sala de lo Penal escucharán los argumentos de la Fiscalía y la defensa del joven para tomar una decisión, según ‘La Razón’.
Franchini fue detenido el pasado mes de julio en la localidad madrileña de Getafe y puesto a disposición de la Audiencia Nacional, que es el tribunal que tramita las solicitudes de extradición.
El juez Santiago Pedraz ordenó entonces prisión preventiva a la espera de que Venezuela enviara a España toda la documentación en la que justifica la entrega del joven.
Franchini fue puesto en libertad provisional hace sólo unos días y la vista para estudiar la solicitud de extradición ha sido programada para este miércoles por la mañana.
Los hechos por los que Venezuela busca a Enzo Franchini se remontan a mayo de 2017, durante una protesta contra el régimen de Maduro en la capital del país.
Durante el transcurso de esa manifestación, la víctima, Orlando Figuera, de 22 años, fue golpeado, apuñalado y quemado y murió de madrugada en el hospital a causa de las lesiones sufridas, según los datos aportados por la Fiscalía venezolana.
«RIESGO CIERTO» DE VULNERACIÓN DE DERECHOS
Aunque todavía se tiene que pronunciar la Sala de lo Penal, en los últimos meses han sido varios los casos de personas reclamadas por Venezuela a quienes la Audiencia Nacional se ha negado a entregar alegando que existe «riesgo cierto» de que en el país sudamericano se vulneren los derechos fundamentales.
Así lo decidió el Pleno de la Sala de lo Penal en los casos del exjefe de seguridad de Chávez Adrián José Velásquez; la esposa de éste, Claudia Patricia Díaz Guillén, quien fuera enfermera del fallecido presidente Hugo Chávez; y José Ramón Sánchez Rodríguez, excontable de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), los tres buscados por delitos económicos.
Para los magistrados, «existen fundamentos suficientemente sólidos como para indicar que el régimen existente en Venezuela no respeta los Derechos Humanos de quienes discrepan de él».
Al tiempo que advertían de que «no se debe ignorar la existencia de injerencias gubernamentales en el sistema judicial, en particular en lo que se refiere al nombramiento de los más altos cargos».
