María Victoria Rodríguez Caro, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Ceuta, ha condenado a un año de cárcel por dos delitos de amenazas y otro de lesiones al hombre que el pasado martes se presentó en una sede del PSOE y amenazó con «un cuchillo de grandes dimensiones» a un militante por no aparecer en la lista de seleccionados para ser contratados por la Delegación del Gobierno en los Planes de Empleo 2019-2020.
Según informó ayer el PSOE en un comunicado a los medios, la sentencia prevé la suspensión de la entrada en prisión del individuo si hace frente al pago de la indemnización de 330 euros que se le ha impuesto por las lesiones causadas a la víctima.
En cualquier caso, no podrá acercarse durante 16 meses a menos de 100 metros de los dos denunciantes ni aproximarse a sus domicilios y lugares de trabajo o comunicarse con ellos «a través de cualquier medio».
El PSOE de Ceuta ejerció la acusación particular ya que los hechos tuvieron lugar en su sede de la barriada periférica de Hadu, donde se personó la esposa del condenado «llorando» y protestando porque su marido no hubiese sido preseleccionado pese a su situación de «extrema vulnerabilidad«.
El hombre apareció en la sede socialista «muy alterado»
Tras recoger la documentación para presentar alegaciones, fue el hombre el que apareció en la sede socialista «muy alterado» hasta el punto de esgrimir «un cuchillo de grandes dimensiones con el que intentó agredir a un militante».
«Gracias a la ayuda de uno de los trabajadores de la sede, el afiliado pudo zafarse, reducirle y arrebatarle el arma blanca«, ha relatado el PSOE.
La Delegación del Gobierno publicó el viernes de la semana pasada la lista provisional de 680 parados que serán contratados durante siete meses por la Administración General del Estado en el marco del Plan de Empleo Integrado 2019-2020.
La delegada del Ejecutivo central en Ceuta, Salvadora Mateos, compareció en una rueda de prensa monográfica para dejar claro frente a la «polémica» generada en la ciudad que la selección de beneficiarios se ha hecho de forma «objetiva» y «sin injerencias» políticas.
Distintos partidos políticos como Podemos y el MdyC llevan meses acusando a los socialistas de prometer ese tipo de contrataciones por interés «partidista».
Durante la campaña electoral de las generales, el PSOE denunció ante la Fiscalía al ahora senador electo del PP, David Muñoz Arbona, por dar pábulo a esas mismas acusaciones.
