El responsable de los servicios jurídicos del BBVA, Adolfo Fraguas, está de nuevo citado este 11 de noviembre en la Audiencia Nacional para responder por los contratos que la entidad suscribió durante años con empresas del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo.
El último de los cuales se firmó en junio de 2016, cuando el actual presidente Carlos Torres era ya Consejero Delegado.
Según la batería de facturas, ese acuerdo quedó registrado como «contrato de prestación de servicios» nº 8610007520 por informes y análisis mensuales de riesgos de seguridad.
Este supuso que el BBVA abonase 50.000 euros al mes a la mercantil Club Exclusivo de Negocios y Transacciones durante el segundo semestre de 2016 –en diciembre se pagó doble– y hasta al menos, abril de 2017: 550.000 euros.
No obstante, fuentes conocedoras de la investigación consultadas por Europa Press exponen que aquella relación se prolongó hasta noviembre de 2017, cuando tras ser detenido el comisario Villarejo el contrato se rescindió.
Sin embargo, no fue hasta mayo de 2018 cuando tras la publicación de informaciones al respecto, la entidad comenzó las primeras investigaciones internas sobre este asunto.
El actual presidente del banco, Carlos Torres, ocupaba en junio de 2016 el puesto de consejero delegado, si bien no está investigado y de acuerdo a las fuentes consultadas por Europa Press, esa posición no implica que tuviese conocimiento de los contratos ni de las relaciones que el BBVA venía manteniendo con la empresa de Villarejo desde al menos, 2004, cuando le encomendó una investigación para intentar frustrar el desembarco de la constructora Sacyr en el Consejo de Administración.
Según la descripción que obra en la factura, el contrato implicaba que la empresa debía prestar servicios de «análisis y vigilancia en materia de seguridad de entorno general» y un «informe mensual de entorno de cada uno de los países objeto y boletines de actualización de periodicidad quincenal».
«Tales reportes contendrán información de inteligencia de entorno de criminalidad y tendencias en riesgos para la seguridad de personas, activos, incluso reputación de BBVA incluyendo identificación de riesgos, vulnerabilidades y factores generadores», explicaba.
Asimismo, con los 50.000 euros al mes Cenyt debía prestar «asesoramiento, vigilancia y asistencia ante situaciones de crisis cualesquiera en que se vean involucrados personas o activos de BBVA».
Los «países objeto» serían «España, Turquía, EEUU, México, Venezuela, Colombia, Chile, Perú, Argentina, Uruguay y Paraguay».
Este contrato es uno de los asuntos objeto del interrogatorio al que está siendo sometido el BBVA, imputado como persona jurídica por delitos de cohecho y corrupción en los negocios.
Su responsable de servicios jurídicos, Adolfo Fraguas, ha comparecido ya durante más de ocho horas en dos sesiones ante el juez y la Fiscalía Anticorrupción y está convocado de nuevo el próximo 11 de noviembre.
OCHO HORAS Y MEDIA DE DECLARACIÓN
Durante sus declaraciones anteriores, Fraguas ha sido interrogado por cada uno de los presuntos implicados en la contratación de la empresa del comisario pero también por lo que hizo el banco al respecto en cada uno de los casos.
Si bien ha dicho desconocer diversos asuntos, como el contenido de las entrevistas a las que fueron sometidos varios directivos durante la elaboración del informe ‘forensic‘ encargado por el propio BBVA para conocer el alcance del problema.
El banco ha aportado a la causa documentación fruto de aquel análisis que realizó Garrigues, el mismo bufete al que ha encomendado su defensa, pero no lo ha entregado en su totalidad, de acuerdo a las fuentes jurídicas consultadas, y tampoco está obligado a hacerlo.
Cuando se ha preguntado a Fraguas en relación a pormenores como esas declaraciones o determinados documentos de la auditoría, responde que no le consta o que ignora su contenido.
Con todo, sí ha apuntado que este tipo de contratos dependían del servicio de seguridad que dirigía Corrochano y ha dejado caer que difícilmente en la dirección del banco, presidido en aquella época por Francisco González, desconocerían su existencia, de acuerdo a las fuentes consultadas, aunque sin realizar una acusación explícita.
También ha reconocido el peso de quien fuera jefe de control interno de BBVA hasta el pasado mes de agosto, Eduardo Arbizu, en el contexto de otra de las encomiendas a las empresas de Villarejo, la investigación sobre AUSBANC y su presidente, Luis Pineda, por la que la entidad pagó al menos 211.000 euros, de acuerdo a la documentación a la que tuvo acceso Europa Press.
En la misma línea, ha deslizado la posible responsabilidad de quien fuera jefe de Riesgos y después, de BBVA Real State, Antonio Béjar, el único de la decena de directivos investigados que ha optado por responder a las preguntas del juez y los fiscales y por cuyo departamento sí pasaron contratos con Cenyt para la localización de patrimonio oculto de morosos.
