El Colegio de Abogados de Castellón (ICACS) ya ha iniciado un procedimiento disciplinario a la letrada colegiada que presuntamente se valía de la información confidencial de sus clientes a la que tenía acceso para facilitar robos y asaltos, ha informado a Confilegal el decano, Manuel Eugenio Mata Pastor.
Esta letrada, que responde a las iniciales de C. P. R., ya se encuentra en prisión provisional.
Manuel Eugenio Mata ha confirmado que esta compañera tiene un bufete y estaba en el turno de oficio.
El ICACS ya le ha dado el pase a no ejerciente «a fin de salvaguardar los derechos de sus clientes».
Además, Mata ha señalado que en la medida de lo posible están intentando conocer qué asuntos llevaba en el turno de oficio para que «no queden en peligro ni en peor posición».
«Los hechos descritos en la nota de prensa de la Guardia Civil son de una extraordinaria gravedad, y como Colegio estamos abochornados con que la compañera pueda presuntamente haber cometido esos delitos», ha señalado el decano.
«Si se prueban ciertos, y parece que el trabajo de la Guardia Civil, por lo que se describe en esa nota, ya lleva tiempo desarrollándose, evidentemente el Colegio aplicará nuestro código deontológico«, ha indicado.
El decano ha explicado que ante este tipo de situaciones, los colegio de abogados inician un procedimiento disciplinario, inmediatamente lo suspenden y quedan a la espera de la determinación de los hechos final y de la sentencia.
«Nosotros tenemos que analizar también los hechos y lo que hacemos lógicamente es esperar a los que se demuestren probados en el procedimiento penal», detalla Mata.
La ‘Operación Buitres’ se inició en diciembre de 2017 tras un robo con violencia y detención ilegal ocurrido en un establecimiento de Torreblanca, donde los autores sustrajeron 7.000 euros y maniataron a los propietarios.
Los agentes iniciaron una investigación, y tras la realización de numerosas gestiones, inspecciones oculares, testifícales y otras numerosas de índole más técnicas se logró la identificación de un grupo sospechoso compuesto de dos mujeres y dos hombres, dedicado a la comisión de hechos delictivos de las mismas características, y que la persona que lo liderada tenía abierto un despacho de abogados y es colegiada en Castellón.
Según la Benemérita, el modus operandi consistía en que la abogada, con la información sensible obtenida sobre sus clientes y amistades (la mayoría personas de avanzada edad, con múltiples propiedades arrendadas y con dinero en metálico en sus domicilios), se la facilitaba al resto del grupo criminal para que cometieran los hechos delictivos, utilizando una violencia «extrema» con las víctimas, «maniatándolas y dejándolas abandonadas en la viviendas o locales, cerrando las puertas para que no pudieran solicitar ayuda».
En los robos buscaban principalmente dinero en efectivo y joyas, de cuya existencia y lugar habían sido previamente facilitados.
Se les atribuyen supuestos delitos de pertenencia a grupo criminal; robo con violencia y detención ilegal ocurrido en diciembre de 2017 en Torreblanca, donde sustrajeron 7.000 euros y maniataron al dueño de un bar; robo con violencia y detención ilegal ocurrido en junio de 2018 en Alcossebre, donde sustrajeron 200 euros y maniataron a la propietaria de la vivienda; dos delitos de robo con violencia en grado de tentativa y lesiones graves ocurridos en 2018 en Almassora, donde hirieron gravemente a una de las víctimas con lesiones graves en rostro y mandíbula.
También son los supuestos autores de un delito de robo con fuerza ocurrido en mayo del 2018 en el barrio pesquero ‘Grao de Castellón’, donde sustrajeron 25.000 euros y una pistola, un delito de robo con fuerza en grado de tentativa ocurrido en Almassora y de un delito de hurto ocurrido en mayo del 2018 en el Grao de Castellón donde sustrajeron en un domicilio 10.500 euros.
El valor del dinero sustraído en los hechos delictivos asciende a más de 50.000 euros.
