El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha propuesto juzgar a 37 personas, y a ocho empresas, por crear una estructura organizada con el propósito de aparentar ser una red de importadores de mercancías de China por medio de la que se defraudaron casi 50 millones en impuestos.
Según el auto del titular del juzgado Central de Instrucción número 5 al que ha tenido acceso Europa Press, el objetivo final de la trama era el fraude organizado, el contrabando y el blanqueo de los beneficios obtenidos por esos delitos por medio de falsificación de facturas y otros documentos mercantiles.
El juez imputa a los investigados delitos de pertenencia a organización criminal, delitos contra la hacienda publica para nueve de ellos, delitos de falsificación de documentos mercantiles y delitos de blanqueo de capitales.
Según detalla el magistrado, los investigados, entre 2009 y 2014, confeccionaron documentación que amparase sus operaciones ilícitas, alterando así el valor real de las mercancías importadas «con la finalidad de eludir sus obligaciones tanto en los tributos sobre el comercio exterior (derechos de aduana e IVA a la importación) como en los impuestos interiores (IVA)».
Sociedades instrumentales
La estructura empresarial, giraba alrededor de la empresa ‘Aduanas Señalar SL’ que era controlada por uno de los imputados (Julio S.), que era agente de aduanas, quien ofrecía a diversos clientes «la posibilidad de introducir, en territorio español y en territorio de la Unión Europea, mercancía procedente de China».
«En principio, se creó una estructura empresarial ficticia mediante la cual, utilizando determinadas sociedades instrumentales que actuaban como importadoras, introducían mercancías procedentes de China por los puertos de Valencia y Algeciras y, posteriormente, Rotterdam«, prosigue el auto, para luego apuntar que esa mercancía era entregada a los clientes reales «que permanecían ocultos y, así, no tributaban a la Hacienda española por esas operaciones, pero facturaban ficticiamente como destinatarios de dicha mercancía a las empresas controladas por la trama a cuyo frente habían situado como administradores a testaferros».
En el auto se constata que ese dinero en efectivo que pagaban a los testaferros era trasladado físicamente a Portugal e ingresado en cuentas bancarias pertenecientes a sociedades instrumentales. En la fase de «afloración del beneficio», ese dinero era transferido a ‘Aduanas Señalar’ o a empresas holandesas para simular un pago por la importación de la mercancía.
En la operación intervenían tanto fabricantes y proveedores de China como los destinatarios de las mercancías, pasando por agentes de aduanas, sociedades importadoras ficticias, transportistas, depositarios y una red de empleados y testaferros. También formaban parte de la trama minoristas que llevaban los productos a la venta directa al consumidor. De la Mata destaca también que la estructura no era rígida y evolucionaba según las necesidades de la organización.
Para el juez instructor del caso, la mercantil ‘Aduanas Señalar’ «fue responsable, en definitiva, de la introducción y entrega en España de un total de 2.558 contenedores y 255 conocimientos aéreos, en favor de los que se han denominado ‘clientes reales'».
Una operativa que evolucionó
En un principio, Julio S. utilizaba las empresas instrumentales constituidas en España, Portugal, Italia, Francia y los Países Bajos como pantallas que se interponían delante de los verdaderos importadores. Por lo que la mercancía tenía un importador formal y un importador real diferente.
Las pesquisas apuntan que «en la fase inicial se utilizaba el procedimiento más sencillo», consistente en despachar lo importado en España «pagando los derechos de importación y el IVA a la importación, si bien sobre un valor muy inferior al real».
Pero en un momento posterior, la organización pasa a reducir las cantidades que debe pagar a la aduana «para conseguir introducir los bienes en el interior de la Unión Europea, mediante la utilización de la exención de IVA por destinarse los bienes a otro estado miembro».
Dado que los diversos controles aduaneros en España complicaban el fraude, la organización decidió la constitución de sociedades en otros países comunitarios, fundamentalmente en Holanda y Portugal, pero también en Italia, Polonia, Alemania y Hungría, con el objetivo de introducir la mercancía ya no solo en territorio español sino también en territorio comunitario.
De hecho, ya en 2012, Julio S., «presionado por los frecuentes controles a que se vieron sometidos sus envíos por España y Portugal, comenzó a usar una sociedad holandesa para hacer los despachos de importación en Holanda».
