La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Gerona, María Elena Román Aita, ha enviado al Tribunal Supremo una exposición razonada en la que pide que el expresidente catalán Carles Puigdemont sea investigado por delitos de prevaricación, fraude a la Administración y falsedad documental en la gestión de la calidad del agua de la ciudad cuando era alcalde.
El ser Puigdemont aforado por su condición de eurodiputado, el tribunal competente es el Supremo.
La magistrada ha accedido a la petición formulada por la Fiscalía Anticorrupción, ya que considera que Puigdemont habría destinado en 2015 un millón de euros previstos para «la aplicación del canon extraordinario de la concesión del servicio de aguas» a comprar un fondo de arte para el Ayuntamiento.
Ahora, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que preside el magistrado Manuel Marchena, deberá decidir si abre causa contra Puigdemont por este asunto.
En caso de hacerlo, se nombraría un instructor, que sería quien decidiría si pedir un suplicatorio al Parlamento Europeo para poder imputar al expresidente catalán y que se sumaría al suplicatorio que ya solicitó el magistrado Pablo Llarena, instructor del ‘caso procés’.
Esta investigación arrancó en 2016, tras una denuncia presentada por la CUP ante la Fiscalía Anticorrupción.
La juez solicitó la imputación de Puigdemont ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat), pero tras adquirir éste la condición de europarlamentario, es al Supremo al que le corresponde.
‘ARTIFICIO CONTABLE’
Según consta en la investigación, la gestión del servicio de agua en Gerona corre a cargo de ‘Aigües de Girona’, ‘Salt i Sarriá de Ter’ (Agissa), una empresa mixta con un 80% de capital privado y el 20% restante de los ayuntamientos de Gerona, Salt y Sarriá de Ter.
En marzo de 2013, en el marco de la aprobación de la segunda prórroga de la gestión del agua a dicha sociedad, se introdujo el pago de un canon extraordinario de 3,75 millones de euros a los tres consistorios.
De esa cantidad, el Consistorio entonces en manos de Puigdemont recibió un total de 2.625.000 euros, importe que «debía revertir en el propio servicio» de aguas, según informe del Secretario del Ayuntamiento que consta en el escrito de Anticorrupción.
Sin embargo, según explica el fiscal, mediante un «artificio» contable, un millón de euros de ese canon acabaron en la compra de un fondo de arte que había pertenecido al historiador Rafael Santos Torroella y que estaba valorado en 4,7 millones.
Detalla que el artificio consistió en la «modificación de crédito por transferencia entre partidas» y finalmente la compra y financiación de la colección fue autorizada por un total de 11 concejales del Pleno del Ayuntamiento del 14 de febrero de 2014.
Una modificación de crédito que, tal y como remarcan los informes periciales, no se podía llevar a cabo porque «no se podía usar el dinero obtenido por el canon extraordinario al estar afecto a una finalidad concreta», esto es, «el ciclo del agua».
La operación para ocultar la procedencia del dinero para el primer pago de la colección de arte se hizo, para Anticorrupción, «con el conocimiento y aprobación de Carles Puigdemont».
Una maniobra que, según la juez María Elena Román, contravino la Ley de Haciendas Locales.
PERJUICIO EN EL PATRIMONIO
Los investigadores subrayan que toda esta operación llevó aparejado un perjuicio en el patrimonio del Ayuntamiento de Gerona.
En un informe de la Agencia Tributaria incorporado a las actuaciones, se advierte de que «a la vez que se ha incrementado al doble el canon, las inversiones a realizar se han reducido casi a la mitad, en detrimento de la calidad y del estado de las instalaciones».
«Se ideó un artificio, desde los presupuestos del equipo de Gobierno, que fue asumido, con mayor o menor conocimiento, por 11 concejales en el Pleno de 14 de febrero de 2014. Y ese artificio llevó a una sustancial merma en el patrimonio del Ayuntamiento en un área tan sensible como el agua», señala el escrito de la Fiscalía.
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