El titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha puesto fin a la instrucción del ‘caso Gürtel‘ cerrando la última pieza que se estaba investigando, concretamente la relativa a los presuntos delitos fiscales cometidos por los responsables del conocido como Grupo Correa para eludir pagos a Hacienda y ocultar los recursos económicos que obtuvieron ellos y sus empresas de forma ilegal.
Esta era la «pieza principal» de la macrocausa cuya instrucción comenzó en 2008 y en la que el magistrado propone juzgar a 21 personas físicas y 19 jurídicas por delitos contra la Hacienda Pública, delito continuado de falsedad en documento mercantil y delito de blanqueo de capitales.
Entre otros, De la Mata dirige su procesamiento contra Francisco Correa, el que fuera su ‘número dos’, Pablo Crespo, sus asesores fiscales Luis de Miguel y Ramón Blanco Balín, así como empresarios y testaferros que participaron durante todas las épocas de la actividad de Gürtel en la operativa para eludir las declaraciones al fisco.
Para otras 28 personas que habían sido investigadas, el juez acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones, pues no concurren suficientes indicios para atribuir a varios trabajadores de las empresas del grupo un conocimiento del origen presuntamente ilícito de los fondos, ni de su ocultación a la Hacienda Pública.
En otros dos casos, el de Álvaro Pérez ‘el Bigotes’ y Cándido Herrero, los hechos que se les atribuían han sido investigados en otras piezas separadas de Gürtel.
En cuanto a Jesús Merino, no se ha acreditado el delito contra la Hacienda Pública; mientras que respecto a Plácido Vázquez, el magistrado archiva por prescripción de los delitos. También se han visto sobreseídas las actuaciones del gestor de Correa en Suiza, Arturo Gianfranco Fasana.
En el auto, con fecha de este lunes, el magistrado explica que ésta es la última pieza de Gürtel que quedaba en fase de instrucción, una macrocausa que se ha centrado en investigar la organización liderada por Correa, que fue, desde finales de 1999 hasta 2009, un «holding empresarial dedicado a la organización de eventos, entre los que se encontraban gran parte de los que realizaba para el PP«.
Ya se han juzgado cinco de las piezas en que derivó el ‘caso Gürtel’, mientras que quedan aún pendientes otras cuatro. La referida a las irregularidades por los amaños en la contratación para la retransmisión de la visita del Papa a Valencia en 2006 ha comenzado precisamente este lunes.
Ocultación de patrimonio
Lo que se ha investigado en la pieza principal son los posibles delitos contra la Hacienda Pública que pudieron haber cometido Correa y Crespo –que ya acumulan condenas que suman casi 80 y 59 años de cárcel, respectivamente, por otras piezas de la macrocausa– con motivo de la ocultación de su patrimonio, el cual, recuerda el instructor, en gran parte procedería de las actividades ilícitas investigadas en las restantes piezas separadas de Gürtel.
Sobre Correa, el juez estima que habría percibido más de 30 millones de euros por su «intermediación en la concesión de adjudicaciones irregulares que, junto con otros rendimientos obtenidos de su actividad presuntamente ilícita de cobro de comisiones y de la actividad de sus sociedades de eventos y viajes, habría ocultado a través de una compleja estructura societaria y financiera».
Estos fondos «nunca fueron declarados» por Correa, por lo que calcula el fraude a Hacienda en 24,8 millones en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y de Impuesto sobre el Patrimonio (IP) de los años 2000 a 2007.
En segundo lugar, el juez desarrolla en su auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado toda la estrategia diseñada por los dos responsables del Grupo Correa para ocultar y blanquear los ingresos procedentes de las actividades ilícitas.
La finalidad del grupo era enriquecerse ilícitamente de forma sistemática y con cargo a fondos públicos, dice el auto, «con quienes se concertaron para vulnerar la normativa administrativa en materia de contratación pública, emitieron facturas falsas para opacar los fondos obtenidos, ocultaron a la Hacienda Pública los ingresos ilícitos obtenidos y los blanquearon para tratar de retornar a la vida mercantil lícita».
De la Mata detalla en su escrito toda la estructura de ocultación de los ingresos, a través de sociedades de eventos vinculadas a Correa, así como toda la operativa de ocultación del patrimonio llevada a cabo por éste, bien a través de dinero en efectivo opaco y utilización de sociedades, bien de estructuras societarias patrimoniales en España y el extranjero.
Sobre el líder de la trama corrupta, De la Mata considera que «ha quedado acreditado que las cantidades multimillonarias» que ha obtenido las percibió ocultándolas a través de una compleja estructura societaria y financiera, «justamente para conseguir defraudar a Hacienda simulando la inexistencia de ingresos».
Respecto al ‘número dos’ de Gürtel, también ocultó una parte de sus recursos económicos que procederían de su intermediación en adjudicaciones irregulares y de inversiones realizadas con Correa. El magistrado señala como cooperadores necesarios del delito contra la Hacienda Pública a los asesores fiscales De Miguel Pérez y Blanco Balín.
Servicios no prestados
Respecto al delito continuado de falsedad en documento mercantil, en el auto explica que el contenido de las facturas emitidas para obtener un cobro no suponen una simple alteración de la verdad en una operación real, «sino unos documentos de origen fraudulento que reflejan unas intervenciones que no han tenido lugar y unos servicios que no se han prestado, y que por tanto deben ser calificados de documentos no auténticos con la finalidad de acreditar en el tráfico jurídico una relación jurídica absolutamente inexistente».
El instructor incluye por último el delito de blanqueo y detalla los mecanismos y procedimientos realizados por los investigados para dar apariencia de legitimidad o legalidad a los bienes o activos de origen delictivo.
Así, describe una estrategia planificada bajo la dirección de Correa y Crespo regida por el principio de jerarquía y con la misión claramente definida de «enriquecimiento de su líder».
En esa operativa de blanqueo, el magistrado destaca el papel de sus asesores jurídicos también investigados, la utilización de una compleja estructura de sociedades interpuestas, movimientos internacionales de dinero, así como canales de blanqueo empleados mediante transferencias internacionales, participación de no residentes en propiedad de sociedades nacionales, inversiones directas en el exterior, préstamos concedidos a no residentes, financiación concedida a filiales residentes, mezcla de dinero lícito e ilícito, inversiones en el sector inmobiliario y uso masivo de efectivo como medio de pago.
