La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha enviado hoy una carta a la Carrera Fiscal en relación con la crisis sanitaria que se vive por el coronavirus y la prestación del servicio que corresponde a esta institución.
En ella señala que tras la declaración del estado de alarma por el Gobierno de España, el servicio público de la Justicia, como toda la actividad pública del Estado, se acomoda al fin fundamental de preservar la salud de la ciudadanía, estableciéndose para ello unos servicios mínimos y básicos en un Estado social y democrático de Derecho como el nuestro.
Indica que en coordinación con el resto de implicados en el sector, se ha restringido al máximo la actividad de las fiscalías en base a unos servicios mínimos esenciales, «ordenando así minimizar la presencia de fiscales y funcionarios en nuestras sedes».
Delgado recuerda que la actuación de la Fiscalía General del Estado (FGE) se está desplegando a través de las jefaturas de todos sus órganos, y en permanente contacto y coordinación con el Ministerio de Justicia y las Administraciones autonómicas.
Informa que la FGE «viene solicitando medios de protección y prevención» frente al Covid-19.
«Ahora bien, la emergencia nacional y la situación sanitaria que estamos viviendo conlleva una escasez de equipos de seguridad, incluso para el personal sanitario, que es quien más directamente lucha contra esta plaga», explica
La fiscal general del Estado señala que «la escasez precisa gestión conforme a un orden racional, que en esta difícil situación dirige el Ministerio de Sanidad, quien establece pautas y prioridades».
Informa que ante la falta de algunos medios «solo caben dos opciones» a la Carrera Fiscal.
«Dejar de prestar el servicio público y, por lo tanto, dejar desprotegidos a la ciudadanía, a las víctimas, a los menores, a los detenidos y a los colectivos vulnerables que cada día no tienen más remedio que acudir a la Justicia; o, por el contrario, normalizar una respuesta ordenada, de la misma manera que somos capaces de compatibilizar esta emergencia con las actividades comunes de la vida diaria, y cumplir, por lo tanto, con el mandato dispuesto en el Decreto de servicios esenciales», explica.
«La decisión de esta Fiscal General es clara. No cabe elección alguna», añade.
Delgado expone que la declaración del estado de alarma «no interrumpe el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado (art. 1.4 LO 4/1981, de 1 de junio)».
Dice que quiere «seguir alentado» a todos los fiscales «para que continúen prestando a la ciudadanía los servicios mínimos que se esperan del Ministerio Fiscal y de todos sus integrantes».
«Buscaremos todos los recursos existentes pero, mientras tanto, no dejaremos de auxiliar a los ciudadanos que solo esperan de nosotros responsabilidad y solidaridad con todos ellos y con el resto de los profesionales que hacen frente a esta situación insólita», manifiesta.
Por último, la fiscal general traslada al colectivo que no quiere dejar pasar esta ocasión para reconocer a todos los fiscales «su compromiso con el servicio público, en las condiciones que sea, igual que se lo reconocemos al personal sanitario, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los suministradores de productos de primera necesidad, en fin, a todos los que en esta crisis intentan servir a la ciudadanía con los medios que tienen a su alcance».
