La Dirección General del Tesoro ya ha abonado al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) los fondos para el abono de los servicios de asistencia jurídica gratuita realizados en diciembre de 2019, con lo que el Ministerio de Justicia ya está al corriente de los pagos que quedaban pendientes.
Las cantidades correspondientes a noviembre de 2019 y el pasado enero se abonaron el 16 de marzo.
Según ha señalado el Ministerio de Justicia en un comunicado, la actual situación de prórroga presupuestaria «requería la tramitación de un real decreto de subvenciones, que el Consejo de Ministros aprobó el 25 de febrero, para hacer frente a las mensualidades adeudadas y atender la asistencia jurídica gratuita en el presente ejercicio».
Indica que de esta forma está ya normalizado el calendario de pagos de estos servicios y dice que «a lo largo de 2020 se continuarán abonando con regularidad las asistencias que presten los abogados para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de quienes no disponen de recursos para litigar».
ALTODO CRITICA EL ‘RETRASO’ EN EL PAGO Y PIDE QUE SE ABONEN LAS JUSTICIAS ARCHIVADAS Y DENEGADAS
El presidente de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO), Juan Manuel Mayllo, ha señalado a Confilegal que «estamos ya en abril y se está pagando diciembre con tres meses de retraso».
Mayllo critica que «este pago se prometió hace meses y no ha llegado hasta ahora».
Destaca que «mientras tanto, los letrados han estado prestando sus servicios sin ningún tipo de protección» y que «en marzo prácticamente no tuvieron ingresos debido a la crisis por el coronavirus».
Por otra parte, ALTODO reclama «al ministro que se abonen las actuaciones realizadas por los letrados en aquellos casos en los que la solicitud de asistencia jurídica gratuita ha sido archivada o denegada, así como la asistencia a personas jurídicas por requerimiento judicial».
Isidro Moreno, portavoz de ALTODO, apunta que son «centenares o miles los casos en los que los abogados están trabajando gratis porque son llamados a requerimiento judicial o a requerimiento de los colegios, se ven obligados a prestar asistencia inmediata y sin embargo luego no se les paga».
