La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, ha decretado el archivo de las diligencias de investigación que fueron incoadas el pasado 23 de marzo para determinar la gravedad de los hechos y la posible relevancia penal del hallazgo por parte del Ejército de cadáveres en residencias de ancianos.
En estos centros, además, se encontraron personas en “situaciones extremas y malas condiciones de salubridad”.
La Fiscalía del Tribunal Supremo, mediante la incoación de las diligencias de investigación, fue la encargada de centralizar la información derivada de la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) durante los primeros momentos de la crisis en diferentes residencias de todo el Estado.
Así, en coordinación con los fiscales especialistas y delegados en materia civil de toda España, se recopiló toda la información disponible.
El fiscal del Tribunal Supremo Manuel Dolz Lago, exsecretario de Estado de Justicia, ha sido el encargado de recabar información y dirigir las actuaciones.
La investigación continúa en las fiscalías provinciales
Ahora, según ha informado el Ministerio Público, decaído el objeto de las diligencias abiertas en la Fiscalía del Tribunal Supremo, se acuerda su archivo, sin perjuicio, apunta, del seguimiento y control que se realiza desde la Fiscalía General.
Tras el archivo, la investigación continúa en las fiscalías provinciales, competentes territorialmente para cualquier toma de decisión en relación a la investigación de hechos que pudieran tener una eventual relevancia penal. Este es el caso de las fiscalías provinciales de Barcelona y Valladolid, entre otras.
