Foro Judicial Independiente (FJI), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), por los jueces, la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ) y la asociación de abogados Hermandad Jurídica critican y se muestran en contra del “Plan de Choque” elaborado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que el órgano de autogobierno de los jueces tiene previsto enviar próximamente al Ministerio de Justicia.
FJI reprocha al CGPJ no haber hecho el más mínimo sacrificio desde las alturas y desconocer la justicia del día a día.
“Nada ha hecho durante más de seis años para paliar esta situación. Nos preguntamos si estos documentos seguirían en un cajón de no haber sido por la trágica aparición de esta pandemia”, afirma Foro en un comunicado.
En el mismo da la voz de alarma para manifestar su gran preocupación “al observar que, junto con las medidas de agilización procesal, se recogen medidas de carácter estructural y con vocación de permanencia que pueden afectar a la independencia judicial, la competencia, la tutela judicial efectiva y la especialización, entre otras muchas, provocando graves daños a los derechos y garantías procesales de los ciudadanos. Algunas de las propuestas son de dudosa constitucionalidad”.
JJpD, por su parte, recrimina al órgano de los jueces haber planteado en su “Plan de choque”, para la reanudación de la actividad judicial –una vez que finalice el estado de alarma– “reformas procesales de calado” sin conocer el alcance concreto que la crisis sanitaria, económica y social va a tener sobre la Administración de Justicia.
La asociación progresista de jueces “rechaza cualquier limitación de los principios constitucionales de oralidad e inmediación» que alejen al juez de la realidad del conflicto que debe resolver, tal como plantea el CGPJ en su «Plan de choque».
Asimismo, reclama a las administraciones competentes la implantación del teletrabajo y de las comunicaciones telemáticas a fin de evitar la paralización total de las actuaciones judiciales.
El “Plan de choque”, argumenta, no puede comportar medidas que mermen los derechos de los alumnos de la Escuela Judicial ni el recorte de su fase de prácticas.
«Tampoco ha de ampliarse la fase de sustitución y refuerzo ni han de ser utilizados estos compañeros/as exclusivamente como recurso para paliar las carencias derivadas de esta crisis», advierte.
LETRADOS JUDICIALES
La Unión Progresista de Secretarios Judiciales, por su parte, califica el “Plan de choque” del CGPJ como un intento de “sacar tajada de la crisis por el coronavirus”.
“La Disposición adicional decimonovena del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, prevé la aprobación por el Gobierno de España, a propuesta del Ministerio de Justicia, de un plan de choque para agilizar la actividad judicial, una vez quede sin efecto la declaración del estado de alarma”, recuerda la UPSJ.
Esta asociación recrimina al CGPJ por sugerir una batería de medidas que se resumen “en una clara y vergonzosa premisa: la mejora de las condiciones laborales y retributivas de los jueces y magistrados”.
“El CGPJ pretende aprovechar la crisis que nos azota para poner patas arriba el ordenamiento jurídico, sin ningún debate, sin propuestas que supongan ahorrar tiempo ni costes al sistema o a los ciudadanos y con la descarada e insolidaria finalidad de descargar de trabajo y responsabilidad a los jueces endosándoselo a otros”, añade la UPJS.
“No le ha bastado al órgano de gobierno de los jueces con boicotear las instrucciones del Ministerio y las Comunidades Autónomas sobre cobertura de servicios esenciales en los juzgados, pese a no fijar una presencia básica mínima del juez en garantía de los mismos. En esa misma esperpéntica deriva propone ahora que se alargue la jornada laboral a los funcionarios (a ellos no), resucita el debate ya resuelto sobre las transcripciones, pretende que otros les redacten sus sentencias y exige una mejora de sus retribuciones a través del sistema de módulos, entre otras lindezas”, afirma de forma rotunda.
LOS ABOGADOS
El foro “La Hermandad Jurídica”, compuesto por 143 abogados de diferentes especialidades, señala que el citado “Plan de choque” no recoge nada sobre “las necesarias medidas que se han de adoptar, una vez se reanude la actividad judicial, como las distancias entre los funcionarios, los trabajadores, profesionales, partes y testigos (esto en sedes y salas de vista de tamaño, muchas veces, muy reducido) y nada se establece sobre el uso de equipos de protección a las sedes judiciales”.
“Pasando por alto todo esto, el CGPJ se abalanza sobre la normativa procesal con la declarada finalidad, dice, de desincentivar litigios basados en planteamientos insostenibles, no pretendiendo sino restringir el acceso a la jurisdicción, lo que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, imponiendo multas de hasta 3.000 euros al justiciable al que se considere que ha litigado con temeridad o sin fundamento, dejando al libre albedrío del Juzgador su imposición, con un regusto a las antiguas, y ya derogadas, tasas judiciales”, añade.
Los abogados de “La Hermandad Jurídica” critican también la propuesta de modificación del criterio de imposición de costas, en relación con el litigante al que se le da la razón en el pleito, siendo que podrán limitarse las costas e incluso no imponerse, “asumiendo el justiciable los gastos de un pleito que ha ganado y cuyos gastos deberían ser reembolsados”.
Y la apuesta del CGPJ por repetir “el éxito” de los Juzgados especializados en cláusulas abusivas, “cuando han sido un fracaso absoluto acumulando retrasos de casi tres años, sólo en incoar un procedimiento, siendo censurable que se pretenda generalizar tan nefasta experiencia, mediante la concentración de la competencia para el conocimiento de determinada clase de asuntos, abocados a la caducidad procesal”.
