La Asociación de Fiscales (AF) y la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) reprochan al vicepresidente segundo del Gobierno –y líder de Unidas Podemos–, Pablo Iglesias, las declaraciones críticas contra la sentencia que condenó a su amiga, la diputada autonómica madrileña, Isa Serra, a 19 meses de prisión por un delito de atentado, otro de lesiones leves y un tercero de daños.
«Este tipo de declaraciones públicas –que han merecido reproche incluso por el propio Consejo General del Poder Judicial– exceden con mucho de dicho ámbito. Más aún cuando proceden de un miembro del Ejecutivo con altas responsabilidades, y cuya actuación pone en tela de juicio desde uno de los Poderes del Estado la separación de poderes constitucionales como uno de los pilares de nuestra democracia», afirma la AF.
Las sentencias se acatan (y en este caso se recurren) pero me invade una enorme sensación de injusticia. En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso pic.twitter.com/7HQywOxiKk
— Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) April 22, 2020
JJpD, por su parte, ha mostrado su «rotundo rechazo» a las declaraciones realizadas por el líder de Podemos y ha reiterado la necesidad de «respeto y lealtad institucional» que se pide a quienes tienen responsabilidades en los poderes del Estado y a los que se «exige la mayor prudencia» a la hora de pronunciarse sobre lo resuelto por un Tribunal de Justicia en el ejercicio de su independencia e imparcialidad.
«Declaraciones como las efectuadas no son acordes con las responsabilidades que ostentan los miembros del Gobierno, que no son otras que fomentar el respeto y la confianza en nuestro sistema judicial. Máxime cuando aquellas suponen una distorsión del contenido de la decisión judicial», añaden en un comunicado.
En la misma línea, ha recordado que la crítica a las resoluciones judiciales «es un derecho ciudadano que fortalece el sistema institucional» y tiene como límite que no suponga una distorsión del contenido real de lo que ha sido fallado.
«No resulta admisible el desprecio a la verdad con vistas a presionar sobre la independencia judicial», concluyen.
