La Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA) ha denunciado ante el Consejo General de la Abogacía (CGAE) a otros 10 bufetes y asociaciones «por realizar publicidad fraudulenta durante la pandemia».
Según indica, varios despachos «se esconden tras plataformas o asociaciones de víctimas y desarrollan conductas contrarias al Código Deontológico de la Abogacía publicitando sus servicios».
La denuncia la presentó el pasado viernes la presidenta de ALA, Ángeles Chinarro Pulido, letrada del ICAM, en nombre y representación de la asociación.
SIETE ASOCIACIONES PUBLICITAN SERVICIOS JURÍDICOS VULNERANDO EL CÓDIGO DEONTOLÓGICO, SEGÚN ALA
ALA denuncia que estas 7 asociaciones publicitan servicios jurídicos vulnerando el Código Deontológico de la Abogacía:
La Asociación de Afectados por el Coronavirus (Asacovid), tras la cual dice que se encuentra en calidad de “colaborador” el despacho jurídico Aliter Abogados, de Valencia.
La Asociación Española de Afectados por el coronavirus, «tras la cual se encuentra, en calidad de “colaborador”, el bufete Grupo Médico Jurídico Durango, de Madrid».
La Plataforma Víctimas del Coronavirus Covid-19, tras la que dice que está el abogado Juan Carlos Navarro, con despacho profesional en Valencia.
La Plataforma de Abogados en Defensa de Afectados por el Coronavirus (Padac), “puesta en marcha” por el letrado Gerardo Manuel Vázquez, con despacho en Mojacar (Almería).
La Plataforma de Afectados por la Gestión de Crisis del Covid-19, de la que, según indica, el despacho jurídico designado para su defensa es Martín Herreros Abogados, de Pozuelo de Alcarcón (Madrid), que dirige José Martín Herreros.
También señala a la Plataforma Afectados Coronavirus que, según manifiesta ALA, contiene información y “orientación jurídica sobre coronavirus. Apunta que la web tiene un enlace que dirige a otra página llamada “preguntas al abogado”, sin identificar el mismo.
Y por último apunta a la Asociación Juristas contra el ruido, «siendo el que se presenta como portavoz» el abogado Joaquín José Herrera del Rey.
Y QUE TRES DESPACHOS ‘SE PUBLICITAN ILÍCITAMENTE’
También denuncia que tres despachos vulneran el Código Deontológico realizando publicidad en plena pandemia: Quercus & Superbia Jurídico, con sede en Madrid y en Valencia, del que Eduardo Rodríguez de Brujón es socio director; el bufete José Ignacio Sánchez Rubio, de Madrid; y el despacho internacional ONTIER, del que Bernardo Gutiérrez de la Roza es consejero delegado y Pedro Rodero el socio director de Ontier España.
ALA recuerda que la actividad altruista pro bono es a favor de personas u organizaciones sin ánimo de lucro, por que lo afirma que «las pymes o micropymes, a las que el despacho ONTIER dirige su publicidad, están fuera de su ámbito de competencia».
Esta denuncia se suma a otras presentadas por ALA contra la Asociación Española Abogados Cristianos, Cremades & Calvo Sotelo, Grupo Hereda y Serrano Abogados.
EL CÓDIGO DEONTOLÓGICO DE LA ABOGACÍA
La Asociación Libre de Abogadas y Abogados recuerda que el artículo 6 del Código Deontológico de la Abogacía, de la publicidad establece que «se podrá realizar libremente publicidad de los servicios profesionales, con pleno respeto a la legislación vigente sobre la materia, defensa de la competencia, competencia desleal y normas deontológicas de la Abogacía”.
Añade que la publicidad respetará “en todo caso la independencia, libertad, dignidad e integridad como principios esenciales y valores superiores de la profesión, así como el secreto profesional y habrá de ser objetiva, veraz y digna, tanto por su contenido como por los medios empleados”.
El citado artículo también recoge que “deberá indicarse en la publicidad el Colegio al que se pertenezca” y que la publicidad no podrá suponer la incitación genérica o concreta al pleito o conflicto.
LO SOLICITADO POR ALA
ALA pide al CGAE que incoe expedientes disciplinarios a estos despachos de abogados o en su caso se inste a los respectivos Colegios a que lo hagan si considera que su publicidad es fraudulenta.
Que en el citado caso se les requiera de manera inmediata al cese de su ilícita actividad, y que se ordene la correspondiente investigación sobre la identidad de los despachos profesionales que se encuentran tras la presunta ilícita publicidad ofertada por las asociaciones que ocultan su identidad.
Por último, pide que como consecuencia de los numerosos despachos profesionales que están ofertando servicios profesionales en presunta vulneración del artículo 6 del Código Deontológico, emita una nueva comunicación instando al cumplimiento de las normas y valores que rigen la profesión, y los términos en que permite la publicidad de servicios profesionales, y conmine a los Colegios de la Abogacía a perseguir tales actuaciones.
Ángeles Chinarro manifiesta a Confilegal que “ALA, con estas denuncias, está velando por el cumplimiento del Código Deontológico”, y exige “una actuación contundente por parte del Colegio de Abogados que corresponda, así como del CGAE”.
Apunta que “muchos de estos despachos a raíz de su denuncia están retirando la publicidad”, pero que ALA no se conforma con ello, sino que pide que se depuren responsabilidades.
