La Comunidad de Madrid ha creado un Observatorio regional de Justicia y Competitividad para agilizar y mejorar la resolución de conflictos judiciales y favorecer la atracción de inversores.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto por el que el ejecutivo autonómico crea este órgano colegiado.
Depende de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, y tendrá carácter consultivo e interdepartamental.
Se constituirá en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor del decreto.
Según ha informado el gobierno regional, este Observatorio se encargará de asesorar, elaborar informes y proponer medidas para mejorar el funcionamiento de la Justicia madrileña, incidiendo en la productividad, la competitividad y el crecimiento económico de la región.
También elaborará propuestas para mejorar el arbitraje y la mediación como resolución alternativa de conflictos, y potenciará otros modelos de resolución extrajudicial, como son la conciliación previa o el arbitraje anexo.
COMPUESTO POR 22 MIEMBROS
El Observatorio estará compuesto por un presidente, un vicepresidente, 19 vocales y un secretario.
La presidencia recaerá en turnos rotatorios de un año de duración en los titulares de las consejerías de Justicia y Economía, aspecto que se repite en el caso de la vicepresidencia.
El primer turno de la presidencia corresponderá al consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, magistrado en servicios especiales y secretario de Justicia e Interior del PP, mientras que la vicepresidencia al responsable de Economía, Manuel Giménez.
En las próximas semanas se nombrará al resto de miembros.
La Comunidad de Madrid ha señalado que la pertenencia a este órgano no conlleva recibir remuneración alguna.
El Observatorio se reunirá al menos dos veces al año de manera ordinaria o tantas veces como sea convocado por su presidencia en sesión extraordinaria si fuera necesario.
Los vocales «representan a un amplio espectro del ámbito judicial y económico de la región», y su nombramiento tendrá una vigencia de tres años.
De los vocales, dos actuarán en representación de la Consejería de Justicia, otros dos de la de Economía, Empleo y Competitividad, y otros dos de Vicepresidencia, que tiene las competencias de Estadística.
Estos seis vocales deberán tener el rango de viceconsejero o director general.
El resto de vocales actuarán en representación de la Abogacía General y del Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid; del Tribunal Superior de Justicia de Madrid como juez o magistrado y como letrado; y de la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid.
También habrá un vocal en representación del Colegio de Abogados de Madrid y Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares; del Colegio Oficial de Procuradores de Madrid; así como de las facultades de Derecho y de Economía, en ambos casos propuesto por el Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid.
Además, tendrán representación la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, el Club Español del Arbitraje, el Colegio Notarial de Madrid y el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España.
El secretario deberá tener la categoría profesional de subdirector general o de un funcionario que ocupe un puesto con un nivel equivalente, perteneciente a la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas o a la de Economía, en función de quien ostente la presidencia.
