El Partido Popular está dispuesto a impulsar pactos de Estado con el Partido Socialista al amparo de los efectos del COVID-19 que, no lo olvidemos, ha sido devastador en el Ámbito de la justicia.
El reto ahora es cómo conjugar esa oferta con la oposición continuamente crispada que los diputados del PP llevan a cabo en el Congreso todos los miercoles, sesión de control tras sesión.
Tras proponer en los últimos días medidas como un “pacto de Toledo sanitario”, una respuesta jurídica ante posibles rebrotes o la creación de una oficina de atención a víctimas de la pandemia, el presidente de la formación, Pablo Casado, subrayó que su mano está “tendida” para llegar a más acuerdos de país desde una “política constructiva y en positivo”.
El presidente del PP defendió consensuar con el PSOE distintas medidas económicas por la situación sanitaria.
En esa línea, subrayó que el PP “siempre ha tendido la mano al constitucionalismo” y puso como ejemplo, en clave de la proximas elecciones en el País Vasco, su apoyo para que Patxi López fuese investido lehendakari el 2009 “sin pedir nada a cambio”.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) incumple con creces los plazos constitucionalmente mandatados para proceder a la renovación de sus 20 vocales (tenía que haber sido renovado en diciembre de 2018; vive desde hace un año y seis meses de tiempo prestado y en fase de caducidad), que, a su vez, tienen que elegir al nuevo presidente, o presidenta, del Tribunal Supremo, que también es la cabeza del mismo CGPJ.
No es fácil lograr este inesquivable acuerdo antes del verano, pero hay que intentarlo.
Los canales de entendimiento entre el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el responsable en la materia del Partido Popular, Enrique López, siguen abiertos.
Los candidatos a la vocalías están sobre las mesas de San Bernardo y Génova desde hace tiempo.
Pero, habrá que tener en cuante que en el reparto tambien están llamados más intervinientes: Unidas Podemos, ERC y otros van a pedir sus cuotas correspondientes.
No así Ciudadanos si se mantiene fiel a su posicionamiento programatico en este asunto.
Y, cuestión no menor será la determinación del perfil de la persona que deba presidir el CGPJ.
Es hora de apostar sin ambages por un profesional de incuestionable prestigio, con categoría de magistrado del Supremo y con experiencia acreditada en la dirección de órganos constitucionales, para sustituir a Lesmes.
Como decimos los gallegos, «haber haylo», y sólo se tiene que accionar una altura de miras para encontra a ese candidato de «consenso» que reune estas caracteristícas.
