El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) se ha sumado hoy al rechazo mostrado esta semana por los TSJ de Extremadura, Castilla y León, Andalucía y Madrid al sistema de renovación de los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) propuesto por PSOE y Unidas Podemos.
La Sala de Gobierno del TSJCV ha acordado por unanimidad rechazar la reforma propuesta porque se «aleja de modo radical de la doctrina constitucional» e insta a los responsables políticos a «alcanzar los oportunos acuerdos, apartándose de soluciones que mermen aún más la independencia del CGPJ.”
Señala que en la Proposición de Ley se hace referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional de 13 de agosto de 1986 que afirma que el sistema de elección de estos vocales no está constitucionalizado, «de lo que extraen la encomienda al legislador de la labor de adaptar el sistema de elección de aquellos vocales a la realidad del momento».
En este sentido, la Sala de Gobierno apunta que el Constitucional «fija criterios mínimos que amparan la designación parlamentaria, destacando de modo expreso en su fundamento decimotercero la exigencia de una mayoría cualificada de tres quintos de cada cámara para tal elección».
Para el TSJCV «es claro que en estas condiciones la pretensión de que los doce vocales de extracción judicial sean elegidos por una simple mayoría absoluta se aleja de modo radical de la doctrina constitucional».
Asimismo, añade, «quebranta los presupuestos que legitiman la elección parlamentaria de estos vocales, compromete la independencia del Consejo General del Poder Judicial y lesiona de modo inadmisible la imagen de independencia del Poder Judicial».
El CGPJ lleva en funciones casi dos años y la Sala destaca que «resulta preciso desbloquear la renovación de todos los vocales que integran el CGPJ, no solo los de extracción judicial, y que es inexcusable apartar este órgano de cualquier confrontación política».
Sin embargo, «la respuesta a esta necesidad no puede darse con medidas que implican la ihhabilitación del CGPJ para el cumplimiento de las funciones constitucionales a las que viene llamado».
