La Fiscalía Provincial de Madrid reclama tres años y seis meses de prisión para el exalcalde de Brunete Borja Gutiérrez (PP) por ofrecer prebendas personales y profesionales a una concejal de Unión Progreso y Democracia (UPyD) a cambio de favorecer su investidura como regidor o de apoyar algunos proyectos municipales, como la suscripción de un convenio con el Canal de Isabel II.
El representante del Ministerio Público imputa al exregidor y a un cabo de la Policía Municipal de Brunete, S. C. T., un delito de cohecho.
Serán juzgados el próximo 4 de diciembre por un jurado popular en la Audiencia Provincial de Madrid.
El proceso tiene su origen en una denuncia presentada por UPyD y la entonces concejal Isabel Cotrina.
La juez instructora del caso apreció «indicios suficientes» de que el exalcalde y una cabo de Policía Local «trataron de influir» en Cotrina tras las elecciones municipales en mayo de 2011.
Cotrina adjuntó varias grabaciones de conversaciones mantenidas tanto con el regidor como con la cabo de Policía Local. Entre ellas, una en noviembre de 2012 en la que la agente supuestamente le propuso un puesto para su hija minusválida en el hospital privado Los Madroños de Brunete.
Según la juez instructora, pretendían que se ausentara de las sesiones en que se iban a votar determinados puntos que interesaban al alcalde o abandonara UPyD para formar parte de la Junta de Gobierno local y obtener la mayoría absoluta que tenían a tan solo un concejal de distancia. A cambio, el alcalde presuntamente le ofreció favores «personales, políticos y profesionales».
Supuestamente con esto pretendían aprobar los presupuestos municipales; que se aprobara la propuesta de convenio entre el Ayuntamiento, la Comunidad y el Canal de Isabel II para la incorporación del municipio al nuevo modelo de gestión del Canal; y que saliera adelante la propuesta de mancomunar la gestión de infraestructuras deportivas de Brunete, Sevilla la Nueva y Quijorna, como el campo de golf, pádel o piscinas.
La Fiscalía expone en su escrito de acusación que el 16 noviembre de 2012, en el restaurante el Ternasco Brunete, con previa intermediación de S. C. T., cabo de la Policía Municipal de Brunete, el exalcalde ofreció a la concejal de UPyD pasar a desempeñar un cargo en su equipo de gobierno si le apoyaba en su elección como regidor.
Indica que le llegó a plantear ser segundo teniente de alcalde, un cargo retribuido con 23.800 euros anuales, y le ofreció incluso un puesto en las próximas elecciones en las listas del PP como futuros favores personales y profesionales para ella y su entorno por parte de terceros interesados en la aprobación de los proyectos, “instándole así a faltar a la debida lealtad y compromiso adquirido con los electores y las obligaciones inherentes de un cargo público”.
De acuerdo al Ministerio Fiscal, una semana más tarde, S. C. T. acudió al domicilio de la citada concejal de UPyD para hablar de diversos temas y tratar de convencerle sobre el voto de esta última a favor de la suscripción de un Convenio con el Canal Isabel II, “trasmitiendo y prometiendo en nombre del alcalde que al día siguiente de votarse en pleno a favor de dicho convenio, su hija discapacitada obtendría un empleo».
La Fiscalía apunta que se le indicó la posibilidad de no acudir al pleno ese día, «extremo que permitía la aprobación de la propuesta con los restantes votos de los concejales en virtud de la aritmética parlamentaria y voto de calidad del alcalde en caso de empate, instándole de esta forma a abandonar e incumplir sus deberes elementales como cargo público electo”.
