El ministerio de Justicia se ha reunido hoy con la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo para abordar temas como el plan de Justicia 2030 y el anteproyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobado la semana pasada en el Consejo de Ministros.
En la reunión, que se ha celebrado en el Supremo, han participado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo; el secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero; el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Borja Vargues, así como el presidente del TS, Carlos Lesmes; y los vocales del alto tribunal.
La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, como máximo órgano gubernativo colegiado, está constituida por el presidente del Supremo, los cinco presidentes de Sala y por cinco magistrados del tribunal elegidos por los propios magistrados del Supremo.
Durante el encuentro, según ha informado Justicia en un comunicado, Campo ha señalado que «existe una complementariedad entre el Ministerio de Justicia, como Ministerio de la legislación, y el Tribunal Supremo, como órgano casacional, puesto que ambos contribuyen, en diferentes etapas, a la conformación del Derecho vigente».
En el caso del departamento de Justicia, ha indicado el ministro, «impulsamos la actividad legislativa en el ámbito procesal, penal y civil, a la par que revisamos e informamos las de los demás ministerios».
Por su parte, el Supremo «interpretan esas mismas normas, determinando, a través de los recursos pertinentes, cuál debe ser su correcta aplicación».
El plan de Justicia 2030, aúna tres proyectos, la transformación de la organización judicial mediante la creación de los tribunales de instancia; la implementación de la Oficina Digital en todo el Estado y la creación de las Oficinas de Justicia en los municipios, que supondrán la transformación de los actuales juzgados de Paz.
Campo presentó las líneas generales de este proyecto, que tiene un horizonte temporal de 10 años, el pasado mes de febrero en una comparecencia en la Comisión de Justicia. Precisamente, la semana pasada finalizó el plazo para presentar aportaciones en la fase de consulta pública.
En aquel momento, el ministro destacó que el Plan Justicia 2030 «aspira a desterrar la lógica del incrementalismo como único eje de las políticas de Justicia», para incidir en una mayor eficiencia, articulando instrumentos de cooperación y coordinación entre instituciones y eliminando solapamientos.
En relación, al anteproyecto que a partir de ahora se abrirá a una ronda de consultas antes de su tramitación parlamentaria, sus principales ejes pasan por los nuevos roles que atribuye a la Carrera Judicial y Fiscal, con un fiscal que ejerce la investigación, un juez de garantías y un juez de la Audiencia Preliminar.
Desde su aprobación hace 138 años, la actual LECrim ha sufrido más de 70 modificaciones, 50 de ellas tras la entrada en vigor de la Constitución de 1978.
El texto, redactado por Manuel Alonso Martínez, entonces ministro de Gracia y Justicia, con el paso del tiempo obliga a una reinterpretación constante por parte de los juzgados y tribunales para dotarla de coherencia y adaptar su contenido a las circunstancias actuales.
