La Fiscalía Provincial de Madrid solicita dos años de prisión para una mujer que supuestamente durante casi 30 años estuvo cobrando la pensión de jubilación de su madre, que había fallecido en 1987.
El representante del Ministerio Público le imputa un delito continuado de estafa de los artículos 248.1 y 250.1.5o del Código Penal.
También pide que se le imponga una multa de 2.880 euros, y que indemnice a la Seguridad Social con la cantidad de 94.894,23 euros y a la entidad bancaria con 34.644,70 euros.
La acusada responde a las iniciales de M. C. M., y tiene 81 años.
Será juzgada el próximo martes en la Audiencia Provincial de Madrid.
Según relata la Fiscalía en su escrito de acusación, H. M. S., madre de la acusada, tenía reconocida por la Seguridad Social una pensión de jubilación que en 2008 ascendía a 528 euros mensuales.
Indica que dicha cuantía se iba incrementando anualmente conforme a la correspondiente revalorización de las pensiones públicas, alcanzando en enero de 2015 los 634.50 euros al mes.
El representante del Ministerio Público expone que el dinero que percibía por su pensión era ingresado todos los meses en la cuenta corriente de una entidad bancaria de la que ella misma era titular y en la que figuraba la acusada como única persona autorizada.
Señala la mujer falleció el 4 de mayo de 1987 y que a partir de dicha fecha, la acusada, «con evidente ánimo de lucro ilícito, ocultó a la Seguridad Social y a la entidad bancaria» que la madre había fallecido, y permitió hasta enero de 2016 que «continuaran ingresándose de forma indebida y sin solución de continuidad, en la referida cuenta corriente, las cuantías mensuales correspondientes a la pensión de la que había sido beneficiario H. M. S.”.
Siempre según la Fiscalía, a partir de 2015 la pensión empezó a abonarse en otra cuenta cuya titular era M. C. M. y sin que hubiese ninguna otra persona autorizada.
Detalla que en dicha cuenta se llegaron a ingresar otras cuatro mensualidades.
Así, desde el fallecimiento de la madre y hasta marzo de 2015 se realizaron “múltiples” operaciones de reintegro de efectivo mediante libreta en cajero “con cargo a la cuenta en la que se ingresaba indebidamente la pensión referida, ascendiendo la cantidad de la que se dispuso a 94.894,23 euros”.
Cuando se inició el correspondiente procedimiento administrativo de retrocesión, la Seguridad Social consiguió el reintegro por parte de la entidad bancaria de 34.644 euros, correspondientes a las pensiones de los últimos cuatro años, “no siendo posible la de los años anteriores por no permitirlo la normativa aplicable”.
