El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial en funciones, Carlos Lesmes; el secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero; la fiscal general del Estado, Dolores Delgado; y la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Ángeles Moreno Bau, como presidenta de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), firmaron ayer un Protocolo General de Actuación para colaborar y actuar conjuntamente en la consecución de objetivos comunes en el desarrollo del sector de la Justicia en los países prioritarios de la Cooperación Española.
Su ámbito geográfico se centrará en América Latina y el Caribe, África, Oriente Próximo y Filipinas, más concretamente en los países considerados prioritarios en el Plan Director de la Cooperación Española, ya sea por su naturaleza de países de asociación o de cooperación avanzada, así como en el marco de las estrategias regionales de la Cooperación Española, incluido el Programa Masar en el mundo árabe y el Plan Intercoonecta en América Latina y el Caribe.
El objetivo es poner en marcha programas de interés compartido, acciones y proyectos conjuntos en favor de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
En particular, los dedicados a la gobernabilidad, la promoción y consolidación del Estado de Derecho; la provisión de acceso a la justicia para todas las personas sin discriminación de ningún tipo; y el fortalecimiento de instituciones efectivas y responsables en el ámbito de la justicia.
Objetivos y metas que las instituciones firmantes identifican como comunes, en el marco de la Agenda 2030 y de la contribución de España a la consecución de los ODS para “no dejar a nadie atrás”, llegando a todas las personas en situaciones de vulnerabilidad.
Las actuaciones conjuntas que se llevarán a cabo en el marco de este Protocolo se concretarán en la realización de cursos y seminarios; la movilización y el envío de personal experto y de misiones técnicas; la realización de pasantías y estancias formativas; la formación de formadores; el apoyo a la dotación de equipos, material bibliográfico y de otra índole; y el impulso a iniciativas relevantes en los ámbitos local, estatal, regional y multilateral.
El Protocolo, que tendrá una duración de cuatro años, define unas directrices generales de cooperación entre los principales actores públicos de relevancia constitucional y de mayor peso en el ámbito internacional y de la cooperación para el desarrollo en el sector.
