Puede ser dentro de una semana o de dos, pero la materialización de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), impulsada por PSOE y Unidas Podemos, ya es inminente.
Después de su aprobación por el Pleno del Congreso y después del Senado, un Consejo General del Poder Judicial en funciones, como el actual, ya no podrá elegir a la «alta oficialidad» de la justicia española.
Ni presidentes de Sala del Tribunal Supremo, ni magistrados del Alto Tribunal, ni presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, ni presidentes de Audiencias Provinciales. Nadie.
Se acabó.
La proposición de ley fue aprobada ayer por 18 votos a favor, 15 en contra y 2 abstenciones –PNV y ERC– durante la sesión que celebró la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. En la misma fueron tumbadas las enmiendas presentadas por el PP que fueron rechazadas por 21 votos en contra, 14 votos a favor y ninguna abstención.
El portavoz socialista, Francisco Aranda, incidió en que la propuesta de PSOE y Unidas Podemos se limitaba a regular la situación de interinidad del CGPJ, recalcando que es esto ya ocurre con el Gobierno y las Cortes Generales, y atribuyó las reticencias a la misma a «un complejo importante con la ultraderecha».
A este respecto, lamentó «que la derecha se quede en manos de la ultraderecha» y advirtió: Están «dejando que este animal político crezca y luego será muy tarde».
También dirigió un mensaje específico al PP, al que afeó su «pertinaz insistencia en el bloqueo» a la renovación del CGPJ, que debía haberse logrado hace más de dos años.
Para Aranda, «los intentos de la derecha de retrasar esta reforma no son más que el ejemplo de cómo entienden el poder, de cómo patrimonializan el poder».
RECADO A IGLESIAS Y CALVO
Por su parte, el diputado del PP Luis Santamaría, calificó la propuesta de socialistas y ‘morados’ de «chantaje» porque «tiene como objetivo último forzar la negociación» para renovar el CGPJ.
Replicó que «la verdadera anomalía democrática que existe en este país es un vicepresidente segundo del Gobierno que cuestiona la legitimidad de la democracia española y el funcionamiento de uno de los poderes del Estado, como es el Poder Judicial».
Santamaría aludió así a las reiteradas declaraciones de Pablo Iglesias en las que afirmó que en España no hay una democracia plena y a lo que el representante ‘popular’ describió como «ataques» contra el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón por el caso ‘Dina’ y contra el magistrado de Plaza de Castilla, Juan José Escalonilla, por el caso ‘Neurona’.
Además, Santamaría transmitió un mensaje a la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, en torno al debate sobre la negativa de la Mesa del Congreso a recabar el informe del CGPJ sobre la reforma planteada.
«Que no confunda lo que es una petición legítima de un Poder del Estado, como es el CGPJ, de querer expresar su opinión en una materia que le atañe, con un intento de querer imponer la voluntad del Poder Judicial sobre el Poder Legislativo», afirmó.
El diputado del PP defendió que el CGPJ «debe ser escuchado» y acusó al Gobierno de «hacer demasiadas cosas porque puede», mencionando no solo la reforma del CGPJ sino también las leyes sobre educación o eutanasia.
Advirtió de que con ello estaría socavando «la convivencia de los españoles».
En consecuencia, abogó por que «las normas que afectan a los pilares del Estado» sean aprobadas por consenso.
Aranda le contestó que no es que el Gobierno pueda sino que debe usar su mayoría parlamentaria para «legislar por el bien de la ciudadanía».
Desde Unidas Podemos, Enrique Santiago, insistió en que «lo mínimo es una regulación estricta y una limitación de las competencias de un órgano cuyo mandato está más que vencido», e hizo un llamamiento al PP para desbloquear la renovación del CGPJ.
JUECES ELEGIDOS POR JUECES
El diputado de Ciudadanos Miguel Ángel Gutiérrez tildó la propuesta de los socios de Gobierno de «una escandalosa intromisión en la independencia del Poder Judicial» y volvió a defender la iniciativa ‘naranja’ para que sean los jueces quienes elijan a los doce vocales del CGPJ que proceden del turno judicial.
En la misma línea, Javier Ortega Smith-Molina, de VOX, cargó contra la reforma del CGPJ pero también contra PSOE y PP, a los que acusó de repartirse durante décadas los asientos en el órgano de gobierno de los jueces.
«El bloqueo no es un problema de la justicia, es un problema de los partidos políticos y sus batallas por el control del Poder Judicial», afirmó.
Como solución a la actual parálisis, Ortega Smith-Molina apostó igualmente por «un CGPJ que emane por elección de jueces y magistrados».
«Seguiremos luchando desde este grupo para que la justicia no tenga color político (…) y para que el CGPJ sea elegido por y entre los jueces», remachó.
